Según comunicado lanzado hoy por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE), el anteproyecto de ley para reformar la administración local, que será será previsiblemente aprobado por el gobierno mañana, día 25 de enero, tendría las siguientes consecuencias:
- La propuesta del gobierno merma las capacidades de los ayuntamientos para garantizar los derechos sociales, atenta contra la autonomía municipal y cuestiona la democracia participativa al eliminar mecanismos que garantizan la participación ciudadana.
- Derechos sociales como la educación, las políticas de igualdad, el acceso a centros de día o las iniciativas solidarias se encuentran en serio peligro.
- El trámite parlamentario del anteproyecto debe incorporar las aportaciones de los grupos políticos y de la sociedad civil para dar un golpe de timón y garantizar los derechos de las personas.
De no reconducirse en el trámite parlamentario, la reforma de la administración local limitará el ejercicio de derechos de las personas. Servicios prestados a nivel local tan fundamentales para la ciudadanía como la educación, la salud, las políticas de igualdad, juventud o empleo, el acceso a centros de día para la tercera edad, la atención a mujeres maltratadas o las iniciativas solidarias con los países más empobrecidos se encuentran seriamente amenazados.
La política de cooperación al desarrollo se encuentra también en esta situación. A pesar de que muchos ayuntamientos han hecho un importante esfuerzo en los últimos años por consolidarla como expresión de la solidaridad local y medio de transformación social, esta reforma podría cortar con una trayectoria de cooperación local de más de 20 años, paralizando procesos de desarrollo que afectan a miles de personas en los países con los que se trabaja.
Participación ciudadana como requisito democrático
El nivel local es un ámbito privilegiado para el fortalecimiento democrático puesto que la cercanía entre ciudadanía y gobierno facilita una respuesta más adecuada a las necesidades reales de la población y una mayor participación y control ciudadano de la gestión gubernamental. La propuesta del gobierno, merma este valor añadido de la política local, limita las capacidades de los ayuntamientos a la hora de gestionar las políticas públicas, atenta contra la autonomía municipal y cuestiona la democracia participativa (elimina mecanismos que garantizan la participación ciudadana).
Por todo ello y por los graves efectos que esta reforma puede tener sobre los derechos sociales, la Coordinadora de ONGD insta al gobierno a reconsiderar su posición y a incorporar las distintas visiones de los grupos políticos y de la sociedad civil en su tramitación parlamentaria, Además, la tramitación debería ser una oportunidad para incorporar a esta reforma experiencias positivas como los presupuestos participativos, un formato que posibilita la participación ciudadana en las decisiones sobre el destino de los recursos municipales.
Para más información: Yolanda Polo (yolanda.polo@coordinadoraongd.org) 695 940 370
