(Andalucía, 31 de marzo de 2014). — La Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) ve con preocupación el ataque a la autonomía local y a los derechos sociales que supone la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (LRSAL) y, en concreto, las consecuencias que pueda tener en cuanto a la cooperación internacional, que no se define en la ley como competencia delegada, ni como propia, de manera que queda en un “limbo” en función de las diversas interpretaciones y de la voluntad política de cada ayuntamiento y Diputación Provincial.
Con esta ley, que divide entre competencias propias y delegadas (son las que cumpliendo una serie de condiciones podrán ejecutarse si la Comunidad Autónoma las cede al ayuntamiento correspondiente), los municipios de menos de 20.000 habitantes tienen prohibida la gestión de cualquier competencia que no sea propia. A las poblaciones con mayor número de habitantes se les dificulta tremendamente la posibilidad de que puedan ejecutar las competencias delegadas. Primero tienen que cumplir los preceptos de la ley de estabilidad presupuestaria, luego tienen que garantizar la ejecución y sostenibilidad de las competencias propias y de las que están solicitando que les sean delegadas y finalmente tienen que contar con un informe favorable de su comunidad autónoma, según informe de la Coordinadora Estatal de ONGD (CONGDE).
En este sentido la Ley, que acaba de empezar a implementarse, ya arroja ejemplos de interpretaciones contrarias, desde el Ayuntamiento de Málaga, que mantiene su apuesta firme por la cooperación y ha publicado la convocatoria íntegra a través de la Delegación de Participación, pasando por el de Córdoba, que está intentando justificar la no gestión de todas las competencias ‘impropias’. La CAONGD aplaude la decisión del Ayuntamiento malagueño y defiende que no se abandone la cooperación local bajo la excusa de la aplicación de esta ley, pues la Cooperación Internacional para el Desarrollo es una competencia atribuida con anterioridad a los entes locales, no solo al amparo del artículo 25.1 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y normas autonómicas, sino por una Ley Sectorial Estatal, como la de Cooperación y sería una competencia propia, como argumenta la Fundación MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad) en su Informe “La competencia de los municipios en materia de Cooperación para el Desarrollo en la Ley 27/2013 (LRSAL)” .
La Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) recuerda que el origen de la cooperación local para el desarrollo responde directamente a una demanda social de solidaridad que se inició en los años 90 con la petición de muchas personas, organizaciones y movimientos de la sociedad civil para que España destinara el 0’7 % de su PIB a cooperación internacional. Existe así un marco político fraguado durante más de 20 años que ha venido apoyando procesos de desarrollo y de educación que legitiman su continuidad, por lo que la CAONGD insta a los gobiernos municipales a defender el compromiso adquirido en la lucha contra la desigualdad y la pobreza y mantener su política de cooperación acogiéndose a una interpretación favorable de esta Ley, que además ha sido recurrida recientemente por el gobierno autonómico andaluz en defensa del poder local y de lo que representan los ayuntamientos en la arquitectura municipal.
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