La Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo (CAONGD) se ha puesto en contacto con las/os diputadas/os y senadoras/es representantes de la comunidad autónoma ante la próxima aprobación del V Plan Director de la Cooperación Española. Un plan que cuenta con el rechazo del sector de las ONGD por su carencia de visión, las inconsistencias de su estrategia y, sobre todo, por su falta de compromiso político con recursos, capacidades y reformas que lo hagan viable.
La CAONGD, al igual que se está haciendo desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo – España y la Red de coordinadoras autonómicas, pide a los representantes políticos su respaldo al análisis y las propuestas hechas desde el sector (documento completo) durante la ronda de consultas hasta su llegada al Consejo de Ministros. El objetivo es que todos los agentes consultados, sean de la sociedad civil o cargos electos, manden un mensaje contundente de que la cooperación importa y que este Plan no es el gesto de cambio de rumbo que esperábamos después de años de recortes.
Ya no hay posibilidades de aportaciones y los tiempos se aceleran y el déficit de participación se ha hecho evidente e incomprensible. El recorrido de consultas del gobierno tiene un calendario: comenzó el 7 de febrero, en la Comisión Interterritorial, en la que las comunidades autónomas rechazaron la propuesta; 8 de febrero, Comisión de Seguimiento del Consejo de Cooperación (suspendida por el momento), seguida el 12 del pleno del consejo y 14 de febrero, llegada a la Comisión de Cooperación del Congreso y el 15 en el Senado. Las consultas del gobierno tienen la doble función de escuchar posibles mejoras y de sumar. El gobierno tiene la potestad de incorporar o no dichas mejoras y hacer los gestos necesarios para que actores sociales y políticos se sumen al plan; estamos a tiempo de abrir un nuevo tiempo de participación y de mejora del texto del Gobierno.
Principales deficiencias
Tras un análisis detallado del mismo, la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo considera que se trata de un documento que menosprecia a la cooperación española. Esta se perpetúa como una política sin ambición, sin capacidades y sin dotación de recursos. España continuará así a la cola de la comunidad de donantes y no podrá afrontar los retos de la Agenda 2030, un plan de acción internacional a largo plazo.
Por ello, es imprescindible que esta propuesta sea modificada antes de ser aprobada en el Consejo de Ministros.
A continuación detallamos los elementos más críticos del último borrador presentado por la Administración:
- Sin visión de largo plazo
Se centra solo en la presente legislatura, a pesar de que se enmarca en la Agenda 2030.
No se plantea ningún proceso de diálogo ni las herramientas necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad de las acciones estratégicas en los siguientes planes directores.
Y todo ello, a pesar de que sí aparece recogida, de forma tímida, su vocación de servir como instrumento para diseñar y poner en marcha la dimensión internacional de la futura estrategia de Desarrollo Sostenible. No se explicita, sin embargo, el cómo.
- Un marco estratégico aún inconsistente
Existen mejoras con respecto al primer borrador, pero todavía persisten incoherencias.
Formalmente el plan se basa en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en la construcción de resiliencia y el apoyo a bienes públicos globales, pero esto no se refleja plenamente en la selección de objetivos, metas, líneas de acción, estrategias e instrumentos o países socios.
- Sin medios ni recursos
El documento menciona un vago y futuro incremento de recursos, que muestra una falta de claridad y compromiso, y no incluye una memoria económica.
- Relativo apoyo a la sociedad civil
Ha mejorado su papel como copartícipe de políticas públicas y agente de cambio, sobre todo, en la lucha contra la desigualdad en los países de renta media, pero no se concretan ni las metas ni los instrumentos.
- Un plan alérgico al enfoque de derechos humanos y a que mejore la eficacia de la ayuda
Hay algunos cambios en la mirada acerca de las migraciones. Se incorpora en algunos apartados el enfoque de derechos humanos y de seguridad de las personas, pero no en todo el texto. La obsesión europea por el control migratorio y de las fronteras sigue muy presente.
El papel del sector privado es creciente. Se han incorporado leves matices relacionados con la incorporación de las pymes, la economía social y el comercio justo, pero el eje central es la internacionalización de la gran empresa. Llama la atención el escaso interés en asegurar que el sector privado actúe conforme a los derechos humanos y estándares de sostenibilidad, fiscalidad justa y transparencia.
- Dudas en torno a la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible
La coherencia de políticas para el desarrollo sostenible es fundamental para el avance de la Agenda 2030. Esta se ha reforzado en esta segunda versión, pero no se establecen el mecanismo y las estrategias para garantizar su puesta en práctica. Por ejemplo, evaluaciones de impacto en áreas clave e instrumentos de resolución de conflictos entre diferentes políticas españolas cuando haya contradicciones entre ellas en torno al respeto de los derechos humanos o el desarrollo sostenible en terceros países (venta de armas, paraísos fiscales, degradación medioambiental).
El documento no recoge la necesidad de que este mecanismo que garantice la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible ha de estar al más alto nivel gubernamental para impregnar a toda la acción de gobierno.
