La Declaración sobre Defensoras y Defensores (Naciones Unidas, 1998) reconoce el derecho de las personas para que individual o colectivamente, promuevan y procuren la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en los planos nacional e internacional. Es decir, reconoce el derecho a defender derechos.
Sin embargo, en la práctica, este derecho es vulnerado de manera sistemática en muchos países y los defensores y defensoras se ven amenazados e incluso llegan a ser asesinados por defender derechos sobre la tierra, el medio ambiente o de los pueblos indígenas. En los últimos años, hemos asistido a una escalada de criminalización a personas activistas y organizaciones, según datos extraídos de Front Line Defenders 2017:
- Al menos 3.500 defensores y defensoras han sido asesinados desde 1998. En 2017, 312 defensores y defensoras de 27 países fueron asesinados por su trabajo pacífico.
- Casi el 40% de las víctimas a nivel mundial entre 20015 y 2017, eran indígenas.
- El 67% de activistas asesinados defendían derechos sobre la tierra, el medio ambiente y de los pueblos indígenas en el contexto de la industria extractivista y grandes empresas.
En este contexto, las defensoras (activistas, lideresas, organizaciones y grupos de mujeres) están en primera línea de lucha por derechos humanos porque se ven directamente afectadas por las violaciones de estos derechos y porque cuestionan los poderes y sistemas establecidos.
Estas defensoras, que actúan de manera pacífica amparadas por el Derecho Internacional, brindando apoyo a víctimas y organizadas habitualmente en redes o comunidades, son criminalizadas por cuestionar los roles del patriarcado y reivindicar la justicia social.
La organización AIETI focaliza gran parte de su trabajo en resaltar la figura de estas defensoras históricamente invisibilizadas, exigir una protección integral para ellas y reconocer su aporte a la sociedad.
Con este objetivo, ha lanzado la campaña de sensibilización `Derecho a defender derechos´, que ha recalado en Sevilla y que recoge las luchas que llevan a cabo las mujeres en América Latina. Hemos entrevistado a Virginia Sánchez Casado, técnica de la Delegación de AIETI en Andalucía.
1.- ¿Qué persigue la campaña Derecho a Defender? ¿Qué mensaje principal traslada a la ciudadanía?
AIETI, como organización feminista visibiliza y denuncia problemáticas que son el resultado de estructuras y concepciones patriarcales. Una de nuestras líneas estratégicas consiste en actuar y movilizarse en defensa de los derechos de las mujeres. Esta campaña recoge defensoras de derechos humanos en contextos de conflictos ecoterritoriales y derecho a una vida libre de violencias. Con ella pretendemos visualizar las violencias que experimentan las defensoras de derechos, así como el impacto que tienen estás agresiones en su vida y activismo. Lo que queremos hacer llegar a la ciudadanía es ver la realidad de estas mujeres, desde AIETI reconocemos y valoramos la importante labor que hacen las defensoras en la lucha por los derechos.
Se ha constatado en los últimos años, como se ha incrementado la criminalización de la protesta social y de la defensa DD.HH., sobre todo en Latinoamérica en torno a grandes proyectos de inversión económica.
Existe persecución legal y física: estigmatización, temas legales y psicosociales (a través de agresiones, difamación, etc.). Destacamos casos como Bertha Cáceres (Honduras), Máxima Acuña (Perú), Lolita Chavez (Guatemala), Marielle Franco (Brasil), Silvia Andrea Berrocal (Colombia), Aminatou Haidar (Sahara Occidental), Gloria Capitan (Filipinas), Nicolasa Quintremán (Chile), Amal Fathy (Egipto), Helena Maleno (España)…
2.- ¿Qué herramientas se utilizan?
Para trasladar nuestra reivindicación, hemos realizado una exposición itinerante “Derechos Defender Derechos” que arrancó a finales de 2017 en la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid. Desde entonces ha ido haciendo una `tourne´ por Madrid, Castilla La Mancha y en octubre de 2018, llegó a tierras sevillanas. En Sevilla ha pasado por el Hogar Social Polivalente Virgen de los Reyes y por la Oficina de Cooperación al Desarrollo, Vicerrectorado de los Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla. Se enmarca en un convenio con la AECID (en el que participan Demus, CMP Flora Tristán, CNDDHH, Entrepueblos y AEITI), en el que se llevó a cabo también la primera edición del libro Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencias, escrito por Rocio Silva Santisteban y dedicado a la memoria de Elena, Karina Johany, Petronila, María, Lidia, Doris Adelaida, Francisca, Janett, Herminia, a la bebita Angélica y a una mujer cuyo nombre se perdió en la burocracia de las estadísticas: todas ellas murieron en conflictos sociales durante los años 2007-2017 en el Perú.
3.- ¿Cómo afronta AIETI el trabajo en Educación para el Desarrollo? ¿Qué veis actualmente más necesario?
La EpD con sus más de cinco décadas de historia (y los cambios/transformaciones/…que ha sufrido) se ha convertido en una actividad con autonomía propia y en un componente de las políticas y estrategias de los diversos actores que integran el sistema internacional de cooperación y ayuda al desarrollo, sean gubernamentales o no gubernamentales. Desde AIETI y teniendo como referente la “tipología generacional” propuesta por Korten,
Creemos que no existe una única y exclusiva definición de educación para el desarrollo. Creemos que dependen del contexto y el tiempo donde se enmarquen.
Como dice Manuela Mesa (Directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz CEIPAZ) “la educación para el desarrollo es un proceso dinámico, que genera reflexión, análisis y pensamiento crítico sobre el desarrollo y las relaciones Norte-Sur; se centra en un proceso pedagógico que combina las capacidades cognitivas, con la adquisición de valores y actitudes, orientados hacia la construcción de un mundo más justo, en el que todas las personas puedan compartir el acceso al poder y a los recursos”. En este proceso dinámico necesitamos con urgencia una ciudadanía implicada, un fortalecimiento de las redes y organizaciones de la sociedad civil (movimientos sociales, movimiento feminista, organizaciones de derechos humanos, academia, etc.). Es necesaria una Educación transformadora: formar ciudadanos/as solidarios y comprometidos con la justicia social, la democracia, la igualdad y el respeto del medio ambiente. Y todo esto, teniendo en cuenta la complejidad global y los continuos (a veces inesperados) cambios del contexto político.
¡!Ojo!! Actuamos desde la inmediatez absoluta y debemos, parar un poco, pensar y repensar las acciones conjuntas desde la reflexión, formación y análisis sobre los procesos educativos.
