Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible. Resulta alarmante que en el año 2022 se produjera un aumento en más del 50 % en el número de muertes de civiles relacionadas con los conflictos, debido, en gran parte, a la guerra de Ucrania.
A finales de 2022, se registraron 108,4 millones de desplazados forzosos en todo el mundo, lo que supone un aumento de 19 millones con respecto a finales de 2021 y dos veces y media la cifra de hace una década. En 2021, el mundo fue testigo del mayor número de homicidios dolosos de las dos últimas décadas.
Las injusticias estructurales, las desigualdades y los nuevos retos en materia de derechos humanos están dificultando aún más el logro de sociedades pacíficas e integradoras. Para cumplir el Objetivo 16 en 2030, es necesario actuar para restablecer la confianza y reforzar la competencia de las instituciones para garantizar la justicia a todo el mundo y facilitar unas transiciones pacíficas hacia el desarrollo sostenible.
Datos Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Edición Especial 2023.
Los homicidios en el mundo alcanzan su nivel más alto en 20 años en medio de la escalada de la violencia sociopolítica y de pandillas.
Los homicidios dolosos causan más muertes en el mundo que los conflictos y los asesinatos terroristas juntos. En 2021 se produjeron aproximadamente 458.000 homicidios dolosos, la cifra más alta alcanzada en las dos últimas décadas. El notable repunte de los asesinatos en 2021 puede atribuirse en parte a las repercusiones económicas de las restricciones relacionadas con la COVID, así como a un recrudecimiento de la violencia sociopolítica y vinculada a pandillas en varios países. Teniendo en cuenta el aumento de la población, la tasa de homicidios fue de 5,8 por cada 100.000 habitantes en 2021, ligeramente inferior a la de 2015, que fue de 5,9 por cada 100.000 habitantes. Incluso aunque se asuma que las cifras de 2021 no influyan en las tendencias futuras, las proyecciones basadas en el período 2015-2020 sugieren que la tasa de homicidios se habrá reducido solo en un 24 % en 2030, en comparación con 2015, muy lejos de la meta de reducir a la mitad los niveles de 2015.
Se produjo un aumento sin precedentes de las muertes de civiles en los conflictos, el primero desde la adopción de la Agenda 2030
Las muertes de civiles directamente relacionadas con 12 de los conflictos más letales del mundo aumentaron un 53 % entre 2021 y 2022, lo que supone el primer aumento desde la adopción de la Agenda 2030 en el año 2015. Al menos 16.988 civiles murieron y una de cada cinco víctimas fueron mujeres. El uso de armas pesadas y municiones explosivas, incluidos los ataques indiscriminados y desproporcionados, aumentó del 13 % en 2021 al 39 % en 2022, lo que indica un cambio en la dinámica de los conflictos. El 90 % de las muertes se produjeron en África subsahariana y Europa, y 4 de cada 10 se produjeron específicamente en Ucrania. Aunque en África subsahariana se produjo un aumento del 23 % en el número de víctimas relacionadas con los conflictos, en otras partes del mundo también aumentaron los incidentes letales contra civiles. Estas escalofriantes cifras exigen un compromiso mundial renovado en favor de la paz y la seguridad, e instar a todas las partes implicadas en los conflictos a respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos para proteger la vida de los civiles, en particular niños y mujeres.
La población carcelaria mundial sigue aumentando, lo que genera hacinamiento y preocupación por la proporción de reclusos sin condena.
El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental por lo que es crucial reducir el número de reclusos sin condena. Después de aumentar de manera sostenida de 2015 a 2019, la población carcelaria mundial disminuyó en 2020 debido a la COVID-19. Posteriormente, en 2021, el número de reclusos retomó su tendencia al alza, con un total de 11,2 millones, de los que aproximadamente un tercio (3,4 millones) continuaban recluidos sin condena.
El narcotráfico genera corrientes financieras ilícitas valoradas en miles de millones, alimenta la corrupción y desvía recursos.
Las corrientes financieras ilícitas alimentan la corrupción y desvían los productos de la delincuencia hacia actividades económicas legales e ilegales. El tráfico de drogas es una de las principales fuentes de ingresos y gastos de las corrientes financieras ilícitas, en particular en los países afectados por las corrientes de narcotráfico transfronterizo. Las estimaciones recientes revelan que solo los carteles de la droga mexicanos generaron ingresos de corrientes financieras ilícitas de una media de 12.100 millones de dólares al año entre 2015 y 2018, las que son comparables al valor de las exportaciones agrícolas del país. Afganistán, Colombia, Myanmar y Perú también experimentaron corrientes financieras ilícitas de miles de millones de dólares procedentes del tráfico de cocaína y opiáceos. El tráfico de opiáceos en Asia se desborda en corrientes financieras ilícitas hacia los países vecinos. Medir el valor de estas corrientes financieras ilícitas es vital para comprender las motivaciones de las actividades ilegales y desarrollar normativas eficaces para combatirlas.
El número de jóvenes parlamentarios continúa bajo y son pocos los que ocupan cargos de liderazgo.
En todas las regiones del mundo, salvo en Europa, los menores de 45 años están muy poco representados en los parlamentos en relación con su proporción en la población nacional. Aunque la edad media de acceso al Parlamento es de 23 años, la proporción de diputados de 30 años o menos se mantuvo en torno al 2 y 2,6 % en los últimos cinco años. Mientras que la edad media mundial es de poco más de 30 años, la edad promedio de un diputado es de 51 años. Los parlamentarios jóvenes ocupan pocos puestos de liderazgo: menos del 9 % son portavoces y el 17,4 % presiden comisiones. Para aumentar la participación de los parlamentarios más jóvenes, los esfuerzos deben incluir la introducción de cuotas o la reducción de la edad de elegibilidad.
Un mundo en guerra.
Los conflictos de Ucrania y Gaza se llevan casi todos los titulares, pero hay otras guerras y áreas de tensión que llevan en alerta mucho tiempo, aquí alguno de ellos:
5.000 muertos anuales todavía en Siria: Empezamos con Siria, donde la guerra cumplirá pronto doce años y que acaparaba al inicio una gran atención mediática. Ahora la atención se ha reducido significativamente, “sobre todo en 2022 y por la guerra en Ucrania”, dice Urrutia, quien insiste en que el conflicto armado allí está lejos de haberse resuelto. “El país continúa en una situación de fragmentación territorial. Continúan activos múltiples actores armados locales y también internacionales”.
Yemen sufre la peor crisis humanitaria del mundo: El 80% de la población yemení necesita ayuda humanitaria. El conflicto armado en Yemen ha estado en los últimos años entre los más cruentos a nivel mundial. En 2021 provocó en torno a 22.000 víctimas mortales, señala Pamela Urrutia, y se caracteriza por las “sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, con ataques indiscriminados y deliberados contra la población civil y destrucción de infraestructuras hospitalarias, ataques a escuelas o centros religiosos.
La insurgencia talibán en Pakistán: Está sufriendo también las consecuencias del retorno de los talibanes en Afganistán, puesto que en Pakistán también hay una insurgencia talibán que se ha visto fortalecida”, explica la investigadora. La violencia ha aumentado en 2022 “con múltiples atentados, algunos de ellos cometidos por la rama de Estado Islámico que opera en esta región”.
Los estragos de un grupo rebelde en la República Democrática del Congo y los Grandes Lagos: El M23, un grupo rebelde que permanecía inactivo y que según informes de la ONU está respaldado por Ruanda, está causando estragos en el oriente de la República Democrática del Congo. Los combates han obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares y podrían derivar en una guerra regional más amplia. El M23 controla varias ciudades y rodea la capital provincial de Goma. En 2013, el grupo fue debilitado por una fuerza reforzada de la ONU, pero ahora parece estar bien armado y organizado. Incluye exsoldados congoleses, muchos de los cuales son tutsis, un grupo étnico que se extiende por los Grandes Lagos de África, y profesa defender intereses comunales.
La calma es frágil en Etiopía: Las hostilidades estallaron a fines de 2020 cuando las fuerzas de Tigray se tomaron una serie de bases militares nacionales en la región, alegando que se estaban adelantando a una intervención federal. Durante dos años de enfrentamientos, la balanza se inclinó de un lado a otro. Una tregua en marzo de 2022 ofreció un respiro. A fines de agosto, se rompió y se reanudó la guerra en pleno. Las fuerzas federales, de Amhara y de Eritrea volvieron a superar las defensas de Tigray.
Los servicios públicos han colapsado y el cólera se está propagando en Haití: Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, Haití ha estado paralizada por el estancamiento político y la desenfrenada violencia de las pandillas. Los servicios públicos han colapsado y el cólera se está propagando. Las cosas están tan mal que algunos haitianos ahora depositan sus esperanzas en las tropas extranjeras, a pesar del nefasto legado de las anteriores intervenciones en el país. La mitad de la población, 4,7 millones de personas, se enfrenta a altos niveles de inseguridad alimentaria, y se cree que casi veinte mil personas corren el riesgo de morir de hambre. Las dificultades de los trabajadores humanitarios para llegar a los centros médicos, combinadas con la escasez de agua potable han dado lugar a un resurgimiento del cólera. Según un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, entre principios de octubre y principios de diciembre se presentaron más de trece mil casos, con 283 muertes registradas, pero probablemente se trate de enormes subregistros.
La insurgencia islamista no retrocede en El Sahel (Burkina Faso, Malí y Níger): Los líderes occidentales, cuya participación militar durante la última década ha hecho poco por detener la violencia, parecen no saber cómo responder a los golpes de Estado en Burkina Faso y Malí. Burkina Faso está en la situación más desesperada. Los grupos yihadistas controlan aproximadamente el cuarenta por ciento de su territorio, incluidas vastas áreas rurales en el norte y el oriente. Malí sufrió dos golpes de Estado, en 2020 y 2021. El Estado está prácticamente ausente en el extremo norte. Allí, militantes vinculados al Estado Islámico y a Al-Qaeda luchan entre sí y contra rebeldes no yihadistas, que son predominantemente tuareg, una comunidad que se extiende por gran parte del Sahel. Níger está en mejor forma, aunque allí también hay señales preocupantes. El gobierno ha, ya sea, integrado milicias civiles a las fuerzas de seguridad o se ha negado a armarlas. Su disposición a enfrentar a los grupos yihadistas también puede haber contribuido a una pausa en la violencia.
Las injusticias estructurales, las desigualdades y los desafíos emergentes en materia de derechos humanos alejan el logro de sociedades pacíficas e inclusivas cada vez más.
Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Edición Especial 2023.
