El ODS 8 está directamente relacionado con generar oportunidades de empleo pleno y productivo y de trabajo digno para todas las personas. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) este objetivo incluye como temas prioritarios el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, la desigualdad salarial por razón de sexo, el desempleo entre los jóvenes, la eliminación de todas las formas de trabajo infantil, la promoción de un entorno de trabajo seguro o los derechos laborales de personas migrantes y refugiadas, entre otros. En #SevillaCoopera, queremos poner el foco en este último y dar algunas claves sobre la importancia de garantizar estos derechos a la población migrante y refugiada, especialmente a las mujeres migrantes.
Agenda 2030, ODS 8 y población migrante
Según el Informe LA AGENDA 2030 Y LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS, elaborado y coordinado por el Área de Incidencia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), son múltiples las situaciones de persecución y violaciones de derechos humanos a las que se ven expuestas las personas migrantes y refugiadas tanto en los países de origen como de tránsito y destino. Estas situaciones, incompatibles con los ODS y los compromisos planteados en la Agenda 2030, deben ser abordadas por los gobiernos comprometidos desde un enfoque de coherencia de políticas y derechos humanos.
Es imprescindible el abordaje de la realidad migratoria desde el respeto a los derechos y tratados internacionales, superando enfoques únicamente basados en la seguridad y en el mercado laboral, que al mismo tiempo aseguren la coherencia entre todas las políticas públicas.
Informe La AGENDA 2030 Y LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS
Si nos centramos en el ODS 8, una de sus metas (la 8.8) está dedicada expresamente a Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. De ahí que resulte imprescindible el abordaje de la realidad migratoria desde el respeto a los derechos y tratados internacionales, superando enfoques únicamente basados en la seguridad y en el mercado laboral, que al mismo tiempo aseguren la coherencia entre todas las políticas públicas.
ODS 8 y las mujeres migrantes en la ruta de los frutos rojos en Huelva
El lunes 12 de junio, el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA) denunciaba en un informe las condiciones laborales y de falta de derechos humanos en los más de 25 asentamientos que hay en la provincia ligados a la producción de fresas. Desde Jornaleras de Huelva en Lucha se lleva años denunciando que la orden GECCO, el marco legal para la gestión colectiva de contrataciones en origen, es “papel mojado y no se cumple”.
En este marco, nos acercamos a una realidad de vulneración de derechos humanos y especialmente de derechos laborales, de la mano de la organización Mujeres en Zona de Conflicto que trabaja de manera directa con mujeres migrantes que residen en asentamientos de Huelva y mujeres migrantes trabajadoras agrícolas provenientes de la orden GECCO, realizando acompañamiento social, jurídico, sanitario, psicológico, pre laboral. Igualmente, desarrollan acciones formativas y de sensibilización e investigaciones específicas sobre estos contextos. Una de sus últimas investigaciones Las invisibles de los asentamientos chabolistas, dentro del marco del proyecto «Investigación Acción Participativa sobre múltiples violencias basadas en el género: el caso de los asentamientos», nos trae historias de resiliencia y supervivencia marcadas por las múltiples violencias que las atraviesan partiendo de sus narraciones.
PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD
- Situación de pobreza, agravada por las responsabilidades familiares en país de origen y el acceso a empleos precarios no regularizados (principalmente, en el sector agrícola)
- En muchas ocasiones, únicamente tienen ingresos puntuales por trabajos agrícolas o en almacenes, cubren las necesidades económicas de sus hijos e hijas, tanto en país de origen como en el de acogida, en estos casos, es habitual que se hagan cargo de los costes que suponen que vivan fuera del asentamiento
- Habituales problemas de salud relacionados con el trabajo agrícola (alergias), los sobreesfuerzos físicos derivados de la vida en los propios asentamientos, exposición a múltiples problemas de salubridad (plagas de ratas e insectos) y a riesgos de salud y seguridad por las condiciones del asentamiento: problemas dermatológicos por usar el agua de regadío para su aseo personal y la limpieza de utensilios y ropa; falta de instalaciones eléctricas seguras que aumenta el riesgo de incendios
- Problemas psicológicos y de salud mental: estrés, ansiedad, duelo por el proceso migratorio, depresión, insomnio, presencia de ideas suicidas, etc.
- Aislamiento social generalizado: dificultades de acceso a los servicios sanitarios y recursos de la ciudad, agravadas por la barrera idiomática y el miedo ante las consecuencias de su situación administrativa (deportación)
- Dificultades relacionadas con embarazos no planificados (la pareja desaparece tras el embarazo, realización de IVE) y con la crianza (búsqueda de familiares que se hagan cargo del/a menor para evitar la retirada; imposibilidad de acceder a servicios de guardería por la carencia de contratos de trabajo)
CONCLUSIONES
Las condiciones que rodean a los asentamientos conforman un ambiente propicio para la violación de derechos humanos de las mujeres. Cuestiones como la falta de acceso al agua potable, al saneamiento público para evacuar las aguas residuales, o a la recogida de basura suponen una violación del derecho a su integridad física.
● Por otra parte, la salud mental de las mujeres suele estar deteriorada, presentando cuadros ansiosos-depresivos debido a las dificultades que tienen que afrontar para acceder a recursos básicos para la vida, pero también debido al duelo migratorio vivido en soledad; el aislamiento que supone la barrera idiomática; y, a la ruptura de expectativas frente a lo que esperaban encontrar en el país de acogida.
● También podemos hablar de una violación de su salud sexual y de sus derechos sexuales y reproductivos, explotación sexual (vinculada o no a la laboral), la trata y el feminicidio.
● Estas situaciones coartan la seguridad y la integridad de las mujeres y sus consecuencias físicas, psicológicas y emocionales pueden afectar gravemente o incluso impedir la realización de un proyecto vital personal, porque en muchos casos están sometidas de manera continuada a las relaciones de poder que sustentan este tipo de violencias.
El duelo migratorio vivido en soledad; el aislamiento que supone la barrera idiomática y la ruptura de expectativas frente a lo que esperaban encontrar en el país de acogida son sentimientos comunes que deterioran su salud mental
Investigación Las invisibles de los asentamientos chabolistas
● Queda claro el sistema de valores ligado al poder patriarcal que avala y justifica la violación de los derechos de las mujeres. Entre estas creencias destacamos aquellas que consideran a la mujer como un ser inferior, a la merced de las necesidades de los hombres, por otro lado, se genera un mecanismo de control sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres.
● Continuando, en la dimensión socioeconómica resalta la discriminación laboral que sufren, por ejemplo, cuando en igualdad de condiciones, contratan en mayor medida a hombres o cuando la dinámica laboral, basada en estereotipos de género, las concentra en determinados puestos relacionados con la delicadeza femenina para recoger y envasar fruta que coinciden con ser los peor pagados.
● Por último, quedan de manifiesto las formas en que el Estado y sus instituciones perpetúan las violencias basadas en el género. Por ejemplo, la normativa que regula los flujos migratorios a nivel estatal, como las políticas de blindaje de fronteras que dotan de ventajas al sector agrario español en detrimento de los derechos de las mujeres.
RESPUESTAS Y PROPUESTAS COLECTIVAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS
● Comenzando por los derechos sociales y económicos básicos, además del acceso a la documentación para encontrarse en situación administrativa regular, entre sus necesidades manifestadas aparece la movilidad. Ligado al derecho a la salud señalan el acceso a agua potable, una alimentación adecuada, al saneamiento de aguas residuales, la recogida de basura, al descanso y por supuesto a la tarjeta sanitaria como sus principales necesidades.
● El acceso a la electricidad y tener una vivienda son otros de los elementos básicos de derechos que expresan como una necesidad. Un empleo con contrato de trabajo y dignamente remunerado es central para ellas, tanto para su autonomía económica, como para tomar decisiones que ahora no pueden tomar.
● Nombran el aprendizaje del idioma y la alfabetización básica como claves para su propia participación social y empoderamiento dentro de la comunidad, y consideran que a través de estas herramientas personales se pueden llenar de valor para participar y tomar decisiones sobre sus propias vidas.
● En general se percibe una conciencia colectiva sobre el dolor que atraviesan por ser mujeres, algo que las une. Todas sin excepción se sienten en una situación de vulnerabilidad frente a los hombres, frente a sus jefes y frente a sus parejas y maridos.
● Muchas de sus reclamaciones y exigencias, interpelan a las instituciones públicas, para que desarrollen medidas para proteger sus derechos. Asimismo, interpelan a los empresarios para que no aprovechen la situación de irregularidad administrativa en la que se encuentran para explotarlas laboralmente sin ningún tipo de consecuencias legales.
