El recorte de la cooperación en Sevilla desmantela, en apenas un ejercicio presupuestario, el trabajo consolidado durante décadas por la sociedad civil organizada de la ciudad. La decisión, adoptada por el Ayuntamiento de Sevilla bajo el pacto de gobernabilidad que sostiene al actual gobierno municipal, deja a la cooperación internacional, la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global al borde de la desaparición como política pública municipal.
Desde diciembre de 2025, la Asociación Sevillana de ONGD (ASONGD), red que agrupa y representa a entidades radicadas en Sevilla y su provincia comprometidas con la cooperación internacional, la acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global y la defensa de los derechos humanos, ha mantenido una actitud constructiva y abierta al entendimiento con el gobierno municipal de José Luis Sanz. El objetivo era buscar una salida negociada al drástico recorte de la cooperación aprobado en los presupuestos municipales de 2026. Esa voluntad de diálogo no ha obtenido, sin embargo, una respuesta efectiva por parte del Ayuntamiento de Sevilla. El 10 de julio de 2026 llegó la confirmación: no habrá Convocatoria de Subvenciones de Cooperación al Desarrollo 2026 desde la Unidad de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla.
Durante los últimos meses, reunión tras reunión, se trasladó a las entidades socias que al menos se mantendría activa la línea de proyectos de cooperación con inversión en el exterior, e incluso que podría ampliarse su dotación presupuestaria. Esa previsión finalmente no se ha cumplido. Ante el agotamiento de esta vía y ante una situación límite, las entidades que componen ASONGD hacen de este artículo su denuncia y reivindicación pública, para que la ciudadanía sevillana conozca lo que está en juego: no solo una cifra presupuestaria, sino la pérdida de una seña de identidad histórica de la ciudad, la de una ciudad comprometida con los Derechos Humanos.
Reconocemos no obstante la buena intención del área y de sus responsables políticos con la decisión in extremis de salvar el trabajo desarrollado en Educación para la Ciudadanía Global desarrollado por el sector, integrando esta modalidad en la convocatoria de subvenciones Sevilla Solidaria 2027 como una línea de financiación adicional, Creemos que, además de la intención demuestran la capacidad de resolver una situación que puede ser un .
Hechos detonantes: un escenario de crisis múltiple
El presupuesto municipal de 2026 recorta un 83,17 % la dotación destinada a cooperación al desarrollo, que pasa de más de dos millones de euros en 2025 a 347.405 euros de dotación global. De esa cifra, apenas 43.000 euros se destinaron a la convocatoria dirigida a las ONGD, muy lejos de lo necesario para sostener el tejido de proyectos que la ciudad venía impulsando.
ASONGD ya había anticipado este escenario. En febrero de 2026, la asociación presentó el Informe Sevilla Coopera 2025, que da continuidad al trabajo iniciado en 2023 como plataforma de análisis de los resultados y el impacto de la cooperación impulsada desde la ciudad de Sevilla. Este informe se concibe como un instrumento de análisis crítico, rendición de cuentas y orientación estratégica sobre la cooperación internacional para el desarrollo impulsada desde la ciudad de Sevilla. El informe ya alertó que el presupuesto proyectado para 2026 introducía un recorte importante del presupuesto, reduciendo la dotación global a 347.405 euros, con consecuencias de gran alcance. Meses después, esa previsión se confirmó sin que el Ayuntamiento de Sevilla la haya revertido.
De las distintas líneas que articulaban la convocatoria en años anteriores, la de proyectos de cooperación internacional con inversión en el exterior era la única que, hasta hace pocas semanas, mantenía perspectivas reales de seguir funcionando en 2026.
A día de hoy, esa línea ha quedado anulada de facto. Los fondos correspondientes se destinarán a una respuesta de emergencia ante los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, sin que este cambio de destino cuente con documentación pública que lo formalice frente a la convocatoria general.
De las distintas líneas que articulaban la convocatoria en años anteriores, la de proyectos de cooperación internacional con inversión en el exterior era la única que, hasta hace pocas semanas, mantenía perspectivas reales de seguir funcionando en 2026. A día de hoy, esa línea ha quedado anulada de facto. Los fondos correspondientes se destinarán a una respuesta de emergencia ante los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.
ASONGD cree que esa respuesta debería articularse habilitando una partida de emergencias bien dotada presupuestariamente, con dotación específica y creciente en años de mayor compromiso institucional.
El contexto político: el pacto PP-Vox como marco estructural de la pérdida de una política consolidada
Este recorte de la cooperación no responde a un ajuste presupuestario aislado. El sector de la cooperación en Andalucía ha mostrado su rechazo al acuerdo de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la investidura de Juan Manuel Moreno al frente de la Junta de Andalucía. La Coordinadora Andaluza de ONGD advierte de que este pacto va a provocar un retroceso de derechos en numerosos colectivos, dentro y fuera de la comunidad, y señala como especialmente preocupante el ataque directo a la política pública de cooperación para el desarrollo. El acuerdo recoge, entre sus medidas, avanzar de forma progresiva hacia la eliminación de las subvenciones, con mención expresa a la cooperación internacional al desarrollo.
Este recorte se mantiene en una tendencia que arranca en 2019, cuando otro pacto de investidura entre el Partido Popular y Vox introdujo por primera vez la exigencia de una gestión más restrictiva de los fondos de cooperación. Desde entonces, el presupuesto andaluz para Ayuda Oficial al Desarrollo ha pasado de 47,33 millones de euros en 2018 a 20,5 millones en 2025, pese al crecimiento del presupuesto autonómico global, lo que sitúa la partida en apenas un 0,04 % del total.
El mismo guion se repite en otras comunidades gobernadas por coaliciones similares de Partido Popular y Vox. En Extremadura, el presupuesto para cooperación internacional se ha reducido de forma drástica para 2026, hasta el punto de que la directora de la agencia autonómica de cooperación presentó su dimisión. En Aragón, el Gobierno regional ha empezado a retirar partidas concretas de cooperación al desarrollo, como la cátedra que sostenía con la Universidad de Zaragoza, con el mismo argumento de «prioridad nacional». No estamos seguros de que existan cifras oficiales cerradas y verificadas para el conjunto del presupuesto de cada una de estas comunidades más allá de lo recogido en prensa especializada, por lo que conviene cotejar cada dato antes de darlo por definitivo.
El Ayuntamiento de Sevilla parece haber asumido ese mismo guion, rompiendo un consenso institucional sostenido durante más de dos décadas en torno a la cooperación como política pública compartida por gobiernos de distinto signo. Nada obliga a que esta ruptura sea permanente. ASONGD confía en que el gobierno municipal reconsidere una decisión que contradice la trayectoria de Sevilla como ciudad comprometida con la solidaridad internacional, y reclama un ejercicio de responsabilidad institucional que permita recuperar, en los próximos ejercicios presupuestarios, la senda de una cooperación al desarrollo a la altura de lo que la ciudadanía sevillana ha construido durante décadas. La cooperación no debería depender de qué socios de gobierno se sienten en cada mandato: es, ante todo, un compromiso con los derechos humanos que trasciende legislaturas y mayorías.
El compromiso del Alcalde
Sevilla fue, en 2025, sede de dos de los principales encuentros internacionales sobre desarrollo sostenible y financiación para la cooperación. Entre el 1 y el 4 de abril, la ciudad acogió la sexta edición del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local (WFLED), que reunió a más de tres mil representantes de gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil de más de ochenta países. Meses después, del 30 de junio al 3 de julio, Sevilla fue también la sede de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas (FfD4), de la que salió el documento conocido como Compromiso de Sevilla.
En la recepción a los participantes del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, celebrada en el Real Alcázar, el alcalde José Luis Sanz subrayó que la ciudad seguía avanzando en un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y expresó su voluntad de que Sevilla siguiera siendo «una ciudad solidaria, comprometida con un futuro más igualitario». Semanas después, con la ciudad convertida en escenario de la mayor cumbre internacional sobre financiación del desarrollo de la última década, el propio Ayuntamiento defendía públicamente, a través de sus responsables municipales, la inversión de 1,8 millones de euros que dedicaba entonces a cooperación al desarrollo.
El contraste con la decisión adoptada apenas unos meses después, en los presupuestos de 2026, resulta difícil de conciliar. Una ciudad que en la primera mitad de 2025 acogió dos citas internacionales de referencia sobre desarrollo sostenible y financiación para el Sur Global recorta, en el ejercicio presupuestario siguiente, un 83,17 % su propia política pública de cooperación. Esta incoherencia no solo afecta a la credibilidad institucional de Sevilla ante organismos multilaterales y redes internacionales de ciudades: también plantea preguntas legítimas sobre la voluntad real de sostener, más allá del discurso institucional, los compromisos que la ciudad asumió como anfitriona.
Durante los últimos meses, las reuniones mantenidas con responsables municipales trasladaban una expectativa que la realidad presupuestaria no ha respaldado. Reunión tras reunión, se dio a entender que la línea de proyectos de cooperación con inversión en el exterior se mantendría, e incluso que podría ampliarse su dotación. Ninguna de esas dos cosas se ha cumplido, y esa distancia entre lo dicho en los despachos y lo aprobado en los presupuestos es, en sí misma, una forma de desgaste institucional.
A esta ruptura de expectativas se suma una inactividad de fondo: el Consejo Municipal de Cooperación no se ha convocado ni en 2025 ni en 2026, lo que debería confirmarse con precisión antes de la publicación, pero que, de resultar cierto, dejaría al sector sin el órgano de participación previsto precisamente para evitar decisiones de este calado sin consulta previa.
Impacto en el sector, los puestos de trabajo y la ciudadanía
Sevilla no es un actor menor dentro del sistema andaluz de cooperación: es uno de sus puntos neurálgicos. La ciudad acoge la sede central de la Coordinadora Andaluza de ONGD y la delegación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y su tejido asociativo es uno de los más numerosos de la comunidad autónoma. Según el mapeo de entidades elaborado por la propia ASONGD, Sevilla capital reúne 152 organizaciones del sector social, de las cuales 92 son propiamente Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. Las socias de ASONGD representan más de un tercio de ese tejido especializado en cooperación internacional, lo que da idea del papel que la ciudad desempeña como referencia dentro del sistema de cooperación descentralizada en Andalucía.
Ese tejido asociativo es, ante todo, empleo especializado y consolidado, que hoy afronta una amenaza directa. Las entidades socias, que ya arrastraban un contexto de precariedad estructural en el sector, se enfrentan ahora a despidos y a la congelación de contrataciones como consecuencia directa de la eliminación de la práctica totalidad de la convocatoria municipal. No se trata solo de personal técnico especializado en cooperación internacional, sino también de profesionales dedicados a la educación para la ciudadanía global y a la sensibilización, cuyo trabajo revierte directamente en la propia ciudad.
El impacto no se limita a los proyectos que las entidades socias desarrollan en terceros países: alcanza también a la ciudadanía sevillana. Las actividades de educación para la ciudadanía global y sensibilización en colegios, centros cívicos y barrios —talleres, jornadas, exposiciones— quedan sin financiación, privando a la población más joven, en plena etapa formativa, de contenidos sobre solidaridad, interculturalidad y desarrollo sostenible. La pérdida no es solo económica: es la renuncia a una de las señas de identidad de la ciudad, la de no dejar a nadie atrás, y un empobrecimiento social y cultural que termina revirtiendo sobre la propia Sevilla.
El marco normativo que ampara la cooperación
La decisión del Ayuntamiento de Sevilla no se adopta en un vacío jurídico. El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 245, recoge la participación del pueblo andaluz en la solidaridad internacional como uno de sus objetivos básicos, desarrollado legislativamente por la Ley 14/2003, de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Andalucía. A nivel estatal, la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, reconoce expresamente el papel de las entidades locales en la ejecución de esta política pública y las obliga a dotarse de recursos suficientes y sostenidos para sus compromisos; la Ley 38/2003, General de Subvenciones, exige además eficacia y eficiencia en la asignación de fondos públicos, principios que una supresión casi total de la convocatoria pone en riesgo, al dejar sin efecto programas en marcha y comprometer obligaciones ya asumidas con entidades sociales.
A escala internacional, el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece la cooperación al desarrollo como una competencia compartida orientada a la reducción de la pobreza, e introduce la obligación de coherencia de políticas para el desarrollo en todos los niveles de gobierno, incluido el municipal. El Consenso Europeo sobre Desarrollo de 2017 reconoce explícitamente el papel de los gobiernos locales en la construcción de alianzas para el desarrollo sostenible. Y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrita por España, recoge en su Objetivo 17.2 el compromiso de los países desarrollados de incrementar su Ayuda Oficial al Desarrollo. El recorte aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla para 2026 se sitúa en tensión con este marco normativo, construido durante décadas a distintas escalas de gobierno.
El Ayuntamiento ha de saber que nos ha puesto en una situación límite. La cooperación no puede esperar, las personas beneficiarias de los proyectos que desarrollamos en Sevilla y el Sur global, no pueden esperar. Las entidades que conforman ASONGD reclaman al gobierno municipal una respuesta clara: la reconsideración de los recortes, la reactivación de una convocatoria de cooperación al desarrollo a la altura de lo que la ciudad ha construido durante décadas, y la convocatoria del Consejo Municipal de Cooperación como espacio legítimo de interlocución.
