Ante la actual situación de crisis mundial emergen numerosas medidas anticrisis elaboradas por el sistema financiero bajo un modelo económico neoliberal. Una de esas medidas es la progresiva privatización de todas las áreas de nuestras vidas, bajo el argumento de solucionar el problema del déficit. Privatización de servicios públicos y esenciales que debieran estar garantizados desde la Administración Pública y llegar a la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación, privatización de la que no escapa el abastecimiento del agua y el saneamiento.
Frente a esto, diversas entidades y plataformas en Andalucía como ISF, Ecologistas en Acción, AEOPAS, la Coordinadora en Defensa del Agua Pública en Jerez o la Plataforma Ciudadana contra la privatización del Agua en el Puerto de Santa María, se movilizan y coordinan oponiéndose a que el mercado gestione un servicio esencial del que depende la vida.
A la vista del VI Foro Alternativo Mundial de Agua (FAME ), que tendrá lugar en el mes de marzo en Marsella, y teniendo en cuenta los procesos de privatización que se están poniendo en marcha, por ejemplo en Madrid con el Canal de Isabel II o en Jerez de la Frontera (Cádiz) con Ajemsa, ISF está organizando ruedas de prensa y conferencias para dar a conocer estos procesos y los motivos por los que considera necesario su paralización.
Así, los comparecientes a las mismas han insistido en la importancia del Derecho Humano al Agua y Saneamiento (DHAS) como derecho fundamental del individuo que no debe dejarse en manos privadas ya que es una obligación del Gobierno el asegurar que ningún ciudadano se vea privado de él. También han remarcado la importancia de hacer llegar las consecuencias de la privatización a la sociedad, ya que, aunque las intenciones se están haciendo públicas, no se especifican las graves repercusiones que tendrán para el ciudadano medio.
Las propuestas que se plantean parten de abordar la necesidad de desarrollar, a nivel nacional, pero también internacional y regional, marcos normativos que garanticen y permitan controlar el pleno cumplimiento del DHAS. Además de asegurar una mayor financiación para el sector del agua y el saneamiento que permita garantizar los objetivos del milenio referentes al acceso universal al agua.
