- Una amplísima mayoría de la Cámara apoya esta ley; una situación pocas veces lograda en esta legislatura.
- Esta nueva ley marca la senda que deberá seguirse de ahora en adelante para sacar a esta política pública de una década de debilitamiento.
- Se inicia ahora un periodo en el que llevar a la práctica las reformas que la Ley propone. 2023 será un año de intenso trabajo en este sentido.
El Congreso ha aprobado esta mañana la “Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global” con un apoyo de casi el 90%. Esta puede ser una fecha de inflexión para la cooperación, el inicio de una nueva etapa tras una década en la que el compromiso político con esta política pública quedó muy debilitado. Durante años, España ejerció una cooperación muy por debajo de las necesidades de millones de personas afectadas por la pobreza y las desigualdades; una cooperación muy alejada de los proclamados valores de búsqueda de justicia global y equidad entre los pueblos; una cooperación que quedaba a la cola de Europa. La aprobación de esta Ley debería darle hoy un cierre definitivo a esta etapa.
Las organizaciones de desarrollo celebramos la aprobación de esta Ley y valoramos positivamente que el proceso para su elaboración se haya abierto a la participación. Los últimos dos años han sido de intenso trabajo, de un rico diálogo con el Gobierno y los grupos políticos, en el que las propuestas de los distintos actores de la cooperación se han tenido en cuenta.
En palabras de la presidenta de La Coordinadora, Irene Bello Quintana, “hoy es un día de celebración, asistimos a la aprobación de una ley que ha sido construida de manera colectiva, que cuenta con un apoyo enorme de los partidos políticos y que abre una senda esperanzadora hacia una cooperación a la altura de los complejos retos globales que vivimos”.
El camino no acaba aquí
Esta Ley marca una senda clara e inexcusable para que los fondos destinados a la cooperación alcancen el histórico -y nunca cumplido- 0,7% de nuestra Renta Nacional Bruta antes de 2030. Una meta que debe alcanzarse de manera gradual, planificada y constante. La Ley pone en el centro las necesidades reales de las personas con quienes cooperamos. Apuesta por un enfoque feminista, ecologista y de derechos humanos que deberá empapar las políticas públicas. Es una ley que no olvida el engranaje institucional que exige la cooperación: una estructura que deberá ser revisada para garantizar que esta política pública se ejecuta con eficacia, con un adecuado enfoque técnico y político -esto, entre otras cosas, obliga a un refuerzo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), profundamente debilitada en los últimos diez años-.
2023 será el año de articular las reformas que apunta la Ley: la reforma de la AECID y del actual Consejo de Cooperación, una revisión del Estatuto de las personas cooperantes que mejore sus condiciones de trabajo, una revisión de los requisitos burocráticos en las subvenciones con el fin de evitar procesos extremadamente complejos o un estatuto del nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) que logre que la cooperación financiera sea sostenible, responsables y efectiva.
Un año de elecciones locales y autonómicas
La coherencia de los partidos políticos que han apoyado esta Ley debe ser garantizada en el ámbito autonómico y local. En un año de elecciones, deben demostrar ese compromiso en sus programas políticos, en los presupuestos y propuestas de los gobiernos que se constituyan. El apoyo casi unánime a esta Ley debe marcar la dirección a seguir. Como organizaciones de la sociedad civil, estaremos atentas y a disposición para que así sea.
