El Parlamento de Andalucía aprobó la mañana del 17 de diciembre de 2025, la ley del Tercer Sector de Acción Social. Cuya tramitación se ha estado impulsando desde 2018. Una normativa que cuenta con casi todo el respaldo parlamentaria, a excepción de Vox. La Ley del Tercer Sector persigue dar cobertura a determinadas necesidades, como la de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas y el tercer sector social en el diseño de las políticas sociales para responder a los desafíos de una sociedad global.
El objetivo central de la iniciativa es “configurar y definir el tercer sector social de Andalucía a través de las organizaciones y redes que lo conforman, y adoptar y promover medidas orientadas a fortalecer dichas organizaciones y redes a fin de impulsar la cooperación y colaboración de las organizaciones entre sí, con el sector público y el tejido empresarial, para promover su participación y contribución en el ámbito de la intervención social en general y, específicamente, en las políticas y sistemas de responsabilidad pública relacionados con dicho ámbito.
“Un proceso arduo”, aunque “parece que por fin sale adelante y tendremos la oportunidad de verlo”. Juan Luis Delcán, representante de la Plataforma del Tercer Sector y director territorial de la Fundación Atenea.
Una ley que reconoce a todo el colectivo de entidades como elemento clave en las políticas sociales y agentes necesarios para la construcción de una estrategia que ponga en el centro a las personas y considere el trabajo conjunto como metodología para llegar a las personas en situación de vulnerabilidad.
El texto presta especial atención a la responsabilidad pública y corresponsabilidad de la acción social, la participación ciudadana, la cooperación entre el sector público y la iniciativa social o la solidaridad y la justicia a través del voluntariado.
