Hoy, 20 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Justicia Social, una fecha para reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir. La justicia social no es solo una idea: es el acceso real a derechos, oportunidades y recursos para todas las personas. Sin ella, el desarrollo humano y la convivencia democrática se resienten.
En Sevilla, esta reflexión tiene una dimensión concreta. La ciudad convive con profundas brechas económicas y sociales que afectan de manera estructural a determinados barrios y colectivos. La desigualdad no es únicamente una cuestión de ingresos: se traduce en menor esperanza de vida, mayores dificultades de acceso a la vivienda, precariedad laboral y exclusión social persistente.
En este contexto, la Asociación Sevillana de ONGD (ASONGD) y sus 35 entidades socias desempeñan un papel esencial como agentes de transformación social. Desde los barrios más vulnerabilizados de Sevilla hasta comunidades de América Latina, África o Asia, trabajan para garantizar derechos fundamentales: educación, salud, igualdad de género, soberanía alimentaria, participación ciudadana o acceso a servicios básicos.
España y el mundo: desigualdad estructural en un contexto de crisis global
En España, pese a los ciclos de crecimiento económico, la desigualdad sigue siendo una de las más altas de la Unión Europea. La precariedad laboral, el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo afectan especialmente a jóvenes, mujeres y familias vulnerables. El riesgo de pobreza y exclusión social continúa impactando a millones de personas, evidenciando que el desarrollo no siempre se traduce en bienestar compartido.
A escala global, la brecha es aún más extrema: el 1% más rico concentra más riqueza que el resto del planeta, mientras 3.400 millones de personas viven con menos de 5,50 dólares al día. Cada año, 100 millones caen en la pobreza por costear atención sanitaria y 258 millones de niños y niñas siguen sin escolarizar. Las mujeres enfrentan además una desigualdad estructural, con una brecha salarial global del 24% y una acumulación de riqueza muy inferior a la de los hombres. Estas cifras responden a decisiones políticas y económicas que priorizan beneficios privados frente a derechos colectivos.
Guerra, poder corporativo y el costo de la desigualdad
La guerra y la concentración del poder corporativo agravan este escenario. Más de 100 millones de personas están desplazadas forzosamente en el mundo, reflejo de cómo los conflictos profundizan la pobreza y la exclusión. Al mismo tiempo, la elusión fiscal y la acumulación de beneficios en pocas manos limitan la financiación de servicios públicos esenciales. El costo de la desigualdad no es solo económico: erosiona la cohesión social, debilita la democracia y compromete la paz.
Por eso, en este día queremos poner en valor el trabajo de todas las personas que luchan por atajar la desigualdad social. La acción de las ONGD conectan lo local y lo global. En los distritos con mayores índices de exclusión impulsan procesos de educación para la ciudadanía global, fortalecen el tejido asociativo y acompañan a colectivos en situación de vulnerabilidad. En los países con menores índices de desarrollo humano, desarrollan proyectos que combaten la pobreza estructural, promueven sistemas fiscales más justos, refuerzan organizaciones de mujeres y juventud y defienden servicios públicos universales.
