El Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá, (CETA por sus siglas en inglés), y también conocido como el “TTIP canadiense”, por sus similitudes con ese acuerdo, se encuentra en la fase final de su proceso de ratificación.
El 24 de enero el CETA será votado en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo. Las organizaciones que formamos parte de la campaña NO al TTIP, CETA, TiSA nos sumamos en Sevilla a la jornada europea de movilizaciones del 21 de enero, animando a la participación a la ciudadanía. Mostramos nuestro rotundo rechazo a este acuerdo comercial, y conminamos al Parlamento Europeo, al Parlamento canadiense y a los parlamentos nacionales, provinciales y regionales, que tienen voz y voto en el proceso de ratificación, a defender los derechos y los intereses de las poblaciones que representan contra las amenazas que implica el CETA, votando en contra de la ratificación del tratado.
En la siguiente fase del proceso, la última antes de su aplicación provisional, el acuerdo en su totalidad (sin posibilidad de añadir enmiendas) será votado en el pleno del Parlamento Europeo, en los primeros días de febrero. En caso de ser ratificado, amplias secciones del tratado comenzarían a aplicarse provisionalmente, de forma previa a la ratificación final por parte de los distintos parlamentos nacionales.
El CETA ha sido cuestionado por amplios sectores de la sociedad civil, tanto en la Unión Europea como en Canadá por no ofrecer garantías respecto a la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales de las personas. En la Unión Europea, más de 3,5 millones de personas han firmado una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el TTIP, que negocian Estados Unidos y la Unión Europea.
A pesar de que varios anexos y “declaraciones interpretativas” han sido añadidas al CETA a posteriori para tratar de sumar apoyos, estos textos no modifican sustancialmente el acuerdo, que continúa presentando numerosos problemas:
- El CETA autorizaría a miles de corporaciones a demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta a través de un sistema de resolución de conflictos inversor-estado (ICS) de acceso exclusivo a los inversores extranjeros. Un auténtico sistema legal paralelo al que las corporaciones pueden acudir para defender sus derechos eludiendo los tribunales existentes, y al que ni las organizaciones de la sociedad civil ni las empresas nacionales tienen acceso.
- El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
- El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
- Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, y que los pequeños beneficios del tratado serán fundamentalmente para los dueños del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad.
- El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la Unión Europea como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.
- Las normas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a las regulaciones nacionales pondrán obstáculos adicionales a las regulaciones y reforzarán el papel de los lobbistas corporativos en los procesos de elaboración de las políticas, socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.
- En ambos lados del Atlántico, el CETA expondría a los agricultores a unas presiones competitivas que minarían su modo de vida, obstruiría las políticas de compra pública de alimentos locales y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.
- Las medidas de precaución para proteger a los consumidores, a la salud pública y al medio ambiente pueden ser puestas en cuestión por el CETA, ya que ni en el texto ni en las declaraciones anexas se protege explícitamente el principio de precaución en la política regulatoria europea.
- El CETA agravará la condición de Andalucía como territorio periférico, aumentará el plus de explotación del capital sobre la fuerza del trabajo y agravará también la explotación de género.
Portavoces: Jesús Lara (670 627 387) y Héctor Rivero (608 944 927).
