Tortura y genocidio en Palestina: lo que documenta la ONU y los Estados ignoran

El 23 de marzo de 2026, la Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, Francesca Albanese, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe «Tortura y genocidio» (informe A/HRC/61/71). Se trata de un análisis exhaustivo sobre el uso sistemático de la tortura por parte de Israel contra el pueblo palestino, vinculándolo de forma directa e inequívoca al genocidio en curso.

El informe no solo documenta prácticas concretas de tortura, sino que va más allá: establece que la tortura es un componente estructural del proyecto de colonialismo de asentamiento y eliminación del pueblo palestino. Este documento recoge sus hallazgos principales, organizados por bloques temáticos, con indicación expresa de las fuentes y las responsabilidades señaladas.

El alto el fuego lleva el nombre, pero los hechos señalan al agresor de manera clara. Desde que el 10 de octubre de 2025 entró en vigor el acuerdo de cese de hostilidades en Gaza, las fuerzas israelíes han continuado matando palestinos de forma sistemática. Hasta el 18 de marzo de 2026, las violaciones documentadas del alto el fuego habían causado al menos 677 muertos y 1.813 heridos. Un niño muere cada día desde que supuestamente cesaron los bombardeos.

En total, desde el 7 de octubre de 2023, más de 72.000 palestinos han perdido la vida —la mayoría mujeres y menores— y más de 171.000 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Son cifras que los propios organismos internacionales advierten que quedan por debajo de la realidad: miles de cuerpos permanecen aún bajo los escombros, inaccesibles para los equipos de rescate.

Tortura y genocidio de Israel contra el pueblo palestino documentados en el informe Albanese A/HRC/61/71.

Lo que ocurre en Gaza no es una guerra con daños colaterales. Es un genocidio documentado, denunciado y en tramitación ante los máximos tribunales internacionales. En diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Desde entonces, 38 países y tres organizaciones internacionales se han sumado al proceso, entre ellos España, México, Brasil, Bélgica, Turquía, Irlanda, Islandia o Países Bajos. La CIJ ya ha dictado medidas provisionales urgentes, exigiendo a Israel que evite actos genocidas y garantice la entrada de ayuda humanitaria. En julio de 2024, el mismo tribunal declaró ilegal la ocupación israelí y ordenó su desmantelamiento total. En ambos casos Israel ignoró las resoluciones.

Paralelamente, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero estas órdenes siguen sin ejecutarse.

Métodos documentados en el Informe Albanese

El informe recoge testimonios y evidencias de cientos de organizaciones y supervivientes. Lo que describe no es una colección de excesos aislados: es un sistema. Las prácticas documentadas son sistemáticas, coordinadas y operan de forma coherente en toda la red de instalaciones de detención israelí, desde los
campos militares de Sde Teiman y Anatot hasta las prisiones del Servicio Penitenciario.

Las palizas con porras y otros objetos, los electrochoques y el uso de perros de ataque son prácticas habituales desde el momento mismo de la detención. A esto se suma la privación prolongada de agua, alimento, sueño y atención médica: los propios abogados que han podido acceder a algunos detenidos los describen como «esqueletos andantes». La violencia sexual es también sistemática. El informe documenta violaciones con objetos —barras de metal, navajas, porras— perpetradas contra hombres, mujeres y niños, frecuentemente cuando los detenidos se encuentran con los ojos vendados e inmovilizados.

La dimensión psicológica de la tortura es igualmente deliberada. Los detenidos son amenazados de muerte, tanto ellos como sus familias. Se les fuerza a contemplar imágenes de la destrucción de Gaza. En las llamadas «salas disco», música ensordecedora suena de forma continua para inducir desorientación, privación de sueño y colapso psicológico. Desde octubre de 2023, entre 84 y 94 personas han muerto bajo custodia israelí. Ningún oficial ha rendido cuentas por ello.

La negación de la infancia para el pueblo palestino

El informe dedica una sección específica a lo que Albanese denomina unchilding (desinfantilización extrema) para describir el tratamiento sistemático de los menores palestinos. Los niños son sometidos exactamente al mismo régimen punitivo que los adultos: encadenamiento hasta provocar heridas sangrantes, hambre, negación de asistencia médica, abusos sexuales y confinamiento en solitario. No hay distinción de edad. No hay protección especial. No hay infancia reconocida.

El caso de Walid Khalid Ahmad ilustra con nombre propio lo que el informe documenta como política. Tenía 17 años cuando murió en la prisión de Megiddo, en marzo de 2025. La autopsia certificó que su estado era de desnutrición, deshidratación, infecciones no tratadas y abandono sistémico. No fue una excepción: fue la consecuencia predecible y documentada de un sistema diseñado para destruir, también a los más jóvenes.

El genocidio como entorno de tortura colectiva

El informe supera la visión del confinamiento como único espacio de tortura. Albanese introduce el concepto de «entorno torturador»: Gaza y Cisjordania se han convertido en territorios donde la tortura se ejerce sobre toda la población, no solo sobre los detenidos.

Gaza: territorio convertido en campo de tortura masiva

Más de 2 millones de personas han sido sometidas a desplazamiento forzado masivo, con órdenes de evacuación contradictorias y sin destinos seguros. El 93 % de la economía agrícola ha sido arrasada. Más de un millón de hogares han sido destruidos. La destrucción sistemática del sistema sanitario —ataques a hospitales, clínicas, ambulancias y personal médico— se define en el informe como «medicidio» (párr. 56).

La hambruna como política deliberada es otro eje central del informe. El entonces ministro de Defensa Yoav Gallant anunció un «asedio total» a Gaza, mientras el ministro de Energía Israel Katz declaró explícitamente que las medidas estaban destinadas a infligir sufrimiento a toda una población (párr. 58). Más de 461 personas, incluidas 157 niñas y niños, han muerto de desnutrición desde octubre de 2023.

La tecnología militar más avanzada —drones, sistemas de inteligencia artificial para selección de objetivos, armamento de precisión, posiblemente armas termobaríticas— se despliega no solo para matar, sino para infligir terror psicológico constante.

Cisjordania, incluida Jerusalén Este: limpieza étnica intensificada

En Cisjordania, el informe documenta una escalada sin precedentes de violencia colonial: más de 1.000 palestinos asesinados entre 2023 y 2025, y los ataques de colonos se triplicaron respecto al periodo anterior. Los colonos, armados por el propio Gobierno israelí, operan como grupos paramilitares con impunidad legal e institucional (párr. 65).

En marzo de 2026, múltiples expertos independientes de la ONU denunciaron el cierre de la mayoría de los puestos de control de Cisjordania desde el 28 de febrero, aislando comunidades enteras de sus lugares de trabajo, escuelas, servicios sanitarios e incluso ambulancias. Se documentaron 86 ataques de colonos contra 60 comunidades palestinas entre el 3 y el 16 de febrero de 2026.

La tortura como empresa colectiva del Estado israelí

El informe denuncia que la tortura en Israel no es un exceso individual ni una falla sistémica accidental: es una política sancionada al más alto nivel político, jurídico y social. Es una empresa de Estado.

Responsabilidad del ejecutivo

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha institucionalizado una política de degradación en el sistema penitenciario —la revolución carcelaria— reduciendo drásticamente la ingesta calórica de los detenidos, suprimiendo condiciones básicas de vida y defendiendo estas medidas ante el Tribunal Supremo israelí. En noviembre de 2023 ordenó que los detenidos palestinos fueran mantenidos en celdas oscuras, con camas de hierro, inodoros de fosa y el himno nacional israelí sonando de forma continua.

El informe señala también al ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y al ministro de Defensa Israel Katz como responsables directos de políticas que constituyen torturas colectivas y que forman parte del objetivo declarado de expulsión forzada del pueblo palestino.

Responsabilidad del poder judicial y legislativo

El parlamento de Israel (Knéset) ha modificado repetidamente la legislación penitenciaria para ampliar los poderes ejecutivos y militares, aprobar medidas de «emergencia carcelaria» y, en noviembre de 2025, respaldar la iniciativa de pena de muerte para «terroristas» palestinos. El Tribunal Supremo israelí, por su parte, ha declinado sistemáticamente abordar las condiciones de detención, levantar el asedio a Gaza o exigir información sobre el paradero de los miles de palestinos desaparecidos.

Responsabilidad de la sociedad israelí

El informe señala también la complicidad activa de sectores médicos, religiosos, mediáticos y académicos en la legitimación y normalización de la tortura. Médicos forenses han realizado amputaciones sin anestesia, falsificado registros clínicos o participado directamente en maltratos. Líderes religiosos han dado cobertura moral al castigo colectivo. Los medios de comunicación han difundido contenido deshumanizante con escasa censura interna. Soldados han publicado vídeos burlándose del sufrimiento palestino.

Responsabilidad de los Estados y del sistema internacional

El informe interpela directamente a los gobiernos que han sostenido la impunidad de Israel. Albanese es explícita: los Estados que continúan armando, financiando y protegiendo diplomáticamente a Israel son cómplices activos de los crímenes documentados. El derecho internacional no deja margen de ambigüedad: todos los Estados tienen la obligación inmediata de prevenir, investigar y sancionar el genocidio y la tortura. Cada retraso, advierte la Relatora, agrava daños irreversibles y consolida un sistema de crueldad que el propio derecho internacional está diseñado para detener.

El informe ancla esta responsabilidad en dos hitos jurídicos concretos: la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de julio de 2024, que exigió el desmantelamiento total e incondicional de la ocupación israelí, y las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra altos cargos israelíes, incluido el primer ministro Netanyahu. Ambas resoluciones permanecen sin ejecutar. La advertencia final de Albanese trasciende el caso palestino: si la comunidad internacional continúa tolerando estos actos cuando se infligen a los palestinos, la ley misma quedará despojada de significado.

Los informes de Albanese en el OHCHR: un expediente histórico sobre Palestina

Desde su nombramiento en mayo de 2022, Francesca Albanese ha construido ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU un corpus documental sin precedentes. Cada informe amplía el perímetro jurídico y factual del anterior, trazando una línea que va de la detención arbitraria a la complicidad corporativa, del genocidio como categoría jurídica al genocidio como crimen de Estado sostenido por terceros países. El resultado es el expediente más completo producido por el sistema de derechos humanos de la ONU sobre un conflicto activo.

«La privación masiva de libertad como herramienta del apartheid» Informe A/HRC/53/59, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos (junio de 2023): documenta el régimen de detención arbitraria y masiva como componente estructural del sistema de dominación colonial israelí sobre la población palestina.
«Anatomía de un genocidio» Informe A/HRC/55/73, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos (marzo de 2024): primer documento oficial de la ONU que concluye que existen motivos razonables para afirmar que Israel comete genocidio en Gaza, situando la violencia post-7 de octubre en el contexto de décadas de colonización y apartheid.
«El genocidio como supresión colonial» Informe A/79/384, presentado ante la Asamblea General de la ONU (octubre de 2024): establece que la violencia israelí forma parte de una estrategia prolongada de colonización y eliminación del pueblo palestino. Es el antecedente jurídico directo del informe actual.
«De la economía de la ocupación a la economía del genocidio» Informe A/HRC/59/23, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos (julio de 2025): expone el entramado corporativo global que sostiene y financia el sistema de apartheid y genocidio. Identifica a 48 empresas de sectores como
armamento, tecnología, finanzas, construcción y energía.
«El genocidio de Gaza: un crimen colectivo» Informe A/80/492, presentado ante la Asamblea General de la ONU (octubre de 2025): acredita que más de 60 Estados han facilitado la maquinaria genocida de Israel mediante apoyo militar, diplomático y económico. Albanese presentó el informe desde Ciudad del Cabo tras ser impedida de acceder a Nueva York por las sanciones estadounidenses. Estados Unidos y Alemania son señalados como responsables de más del 90 % de las importaciones de armas de Israel durante el genocidio.

Posición de la ASONGD

La Asociación Sevillana de ONGD considera que los hallazgos del Informe de la relatora Albanese son de una gravedad extrema y exigen una respuesta urgente, articulada y comprometida de la sociedad civil y de los gobiernos nacionales . La cooperación para el desarrollo y la defensa de los derechos humanos son inseparables y más necesarios que nunca. El silencio ante el genocidio documentado no es neutralidad: es complicidad.

La ASONGD se suma a la posición de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, que exige el cese inmediato de las agresiones de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, reclama el respeto estricto del Derecho Internacional Humanitario y vuelve a alertar del riesgo de una grave crisis humanitaria de alcance global. La Coordinadora insta expresamente al Gobierno de España a cumplir los compromisos adquiridos en la proposición no de ley aprobada en el Congreso en 2024 sobre Palestina: alto el fuego permanente, acceso humanitario suficiente, fin del comercio de armas con Israel y promoción de una solución negociada basada en el derecho internacional.