La Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, tiene previsto presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas uno de los informes más contundentes sobre la situación en el territorio palestino ocupado desde 1967. Bajo el título De la economía de la ocupación a la economía del genocidio (A/HRC/59/23), la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 investiga el entramado corporativo que sostiene el proyecto colonial israelí de desplazamiento y reemplazo del pueblo palestino en los territorios ocupados.
Mientras líderes políticos y gobiernos eluden sus obligaciones, son demasiadas las entidades empresariales que se han lucrado de la economía israelí basada en la ocupación ilegal, el apartheid y, ahora, el genocidio. La complicidad que expone el informe es solo la punta del iceberg: ponerle fin requiere exigir responsabilidades al sector privado, incluidos sus directivos. El derecho internacional reconoce distintos niveles de responsabilidad — todos ellos requieren ser investigados y someterlos a rendición de cuentas, especialmente en un caso como este, donde están en juego la autodeterminación y la propia existencia de un pueblo. Este es un paso necesario para poner fin al genocidio y desmantelar el sistema global que lo ha hecho posible (A/HRC/59/23, pág 2).
Este informe es una continuación del trabajo de la Relatoría Especial del ACNUDH sobre la situación en el territorio palestino ocupado. En su informe anterior, El genocidio como supresión colonial (A/79/384), presentado ante la Asamblea General en octubre de 2024, Francesca Albanese ya advertía que la violencia ejercida por Israel debía entenderse como parte de una estrategia prolongada de colonización y eliminación del pueblo palestino.
Empresas con ganancias sobre los escombros
Según Francesca Albanese, lo que ocurre en Gaza es mucho más que una catástrofe humanitaria: es un genocidio organizado, planificado y rentable. «Para algunos, el genocidio es rentable», denunció, al exponer que en los últimos 21 meses, la bolsa de Tel Aviv se disparó un 213 %, generando 225.700 millones de dólares en ganancias bursátiles —67.800 millones solo en el último mes (Noticias ONU, 03/07/2025).
Esta riqueza no es accidental, sino el resultado directo de una infraestructura empresarial profundamente entrelazada con el sistema de ocupación, apartheid y genocidio. Un total de 48 empresas fueron identificadas por incumplir sus deberes legales básicos: o bien se han beneficiado directamente de las actividades ilegales de Israel en territorio palestino, o han mantenido sus vínculos comerciales como si se tratara de cualquier otro mercado más (A/HRC/59/23, pág. 6).
Economía de la ocupación: décadas de represión con beneficios
La economía de la ocupación ha sido desde hace décadas una maquinaria extractiva y represiva. Empresas del sector armamentístico, tecnológico, financiero y de la construcción han sostenido una red de apartheid económico, donde Israel controla el acceso a recursos básicos, mientras confina a los palestinos a un mercado cautivo y sin derechos. Desde Caterpillar hasta Chevron, pasando por Elbit Systems, IBM, Microsoft, Hyundai o Tnuva, estas firmas han suministrado desde excavadoras para demoliciones hasta inteligencia artificial para campañas de asesinatos selectivos (A/HRC/59/23, págs. 7–17).
En este modelo, las colonias ilegales no solo se expanden con apoyo logístico empresarial, sino que también se consolidan con transporte, energía, supermercados y hasta turismo —normalizando la ocupación (Noticias ONU, 03/07/2025).
Una economía diseñada para el despojo
Durante décadas, la ocupación israelí ha operado como una arquitectura económica profundamente extractiva y segregadora. Empresas de sectores estratégicos —construcción, agua, energía, transporte, banca, telecomunicaciones— han colaborado en la creación de una economía “cautiva” para la población palestina. Según Albanese, el resultado es un sistema basado en la desposesión, el control absoluto de los recursos y la exclusión estructural de los palestinos del desarrollo (A/HRC/59/23, pág. 6).
Este modelo se ha sostenido gracias a alianzas corporativas que proveen infraestructura para los asentamientos ilegales, gestionan la logística comercial y financiera de la ocupación, y venden sus productos en mercados internacionales sin control efectivo de origen (A/HRC/59/23, pág. 14). Entre las empresas implicadas destacan:
- Heidelberg Materials AG (alemana), por la extracción de materiales de construcción en territorio confiscado.
- CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (España), por participar en el tranvía que conecta asentamientos ilegales en Jerusalén Este.
- Chevron, Glencore, BP, Drummond y otras proveedoras de energía fósil, que han abastecido al aparato militar israelí incluso durante la ofensiva sobre Gaza.
- Mekorot (agua), Netafim (riego), y Tnuva (agroindustria), todas implicadas en el expolio de recursos naturales y el abastecimiento de productos desde colonias ilegales.
- Booking.com, Airbnb y Carrefour, por ofrecer productos, alojamientos o servicios turísticos en asentamientos en Cisjordania (A/HRC/59/23, pág. 19).
- BNP Paribas, Citigroup, Barclays y fondos de pensiones de EE. UU. y Europa, que financian bonos emitidos por el gobierno israelí, incluso con destino militar.
La mutación hacia una economía del genocidio
Desde octubre de 2023, lo que antes era una economía de ocupación se ha convertido —según la relatora— en una verdadera “economía del genocidio”. Las empresas que se beneficiaban de la dominación colonial ahora participan activamente en la maquinaria de aniquilación física, psicológica y material del pueblo palestino.
El informe detalla cómo la industria militar —con nombres como Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, Lockheed Martin y Leonardo— ha provisto a Israel de las armas utilizadas en el lanzamiento de más de 85.000 toneladas de bombas sobre Gaza (A/HRC/59/23, pág. 8). Estas compañías, muchas con apoyo estatal, están directamente involucradas en la producción, desarrollo y comercialización de drones, bombas guiadas, armamento automatizado y tecnología de reconocimiento basada en inteligencia artificial.
Simultáneamente, firmas como Microsoft, Amazon, Google, IBM y Palantir Technologies han sido esenciales en la construcción de una nube militar israelí que ha permitido la creación de listas de objetivos humanos automatizadas, el seguimiento de civiles y la ejecución de bombardeos quirúrgicos (A/HRC/59/23, pág. 12).
Los beneficios empresariales no han cesado: solo en el primer semestre de 2024, Elbit Systems y otras firmas armamentísticas israelíes registraron cifras récord de ingresos gracias a la guerra. La bolsa de Tel Aviv ha subido un 213 % desde el inicio del genocidio (Noticias ONU, 2025-07-03)
La lógica económica del exterminio se completa con el uso sistemático del hambre, el despojo ecológico y la destrucción de cualquier medio de subsistencia. El 93 % de la economía agrícola, forestal y pesquera ha sido arrasada; más del 95 % de la población sufre inseguridad alimentaria aguda, mientras se bloquea la entrada del 83 % de la ayuda humanitaria.
Una economía colonial construida para expulsar y reemplazar
Estos actores han consolidado y expandido la lógica colonial israelí de desplazamiento y reemplazo, y esto no es accidental: es la función de una economía construida para dominar, desposeer y expulsar a los palestinos de su tierra.
El informe advierte que no puede haber “neutralidad empresarial” frente a estas realidades. Las empresas están ante un dilema ético y legal: o forman parte de la maquinaria del desplazamiento, o se comprometen activamente con su desmantelamiento. Continuar operando en los territorios ocupados, comerciar con empresas israelíes cómplices, o financiar operaciones militares —directa o indirectamente— supone una violación de normas imperativas del derecho internacional.
Se insiste en que las empresas no pueden ampararse en la idea de que «solo cumplen contratos», ni trasladar la responsabilidad a los Estados. “Negarse a actuar es en sí una forma de participación”. Frente a la creciente jurisprudencia internacional que vincula el lucro con crímenes de guerra y genocidio, las empresas y sus ejecutivos podrían ser llamados a responder ante tribunales nacionales o internacionales (A/HRC/59/23, pág. 5).
La comunidad internacional, por su parte, debe reforzar los mecanismos de debida diligencia, suspender acuerdos con entidades cómplices y adoptar sanciones que sean proporcionales a la gravedad de los crímenes documentados. Como concluye la relatora en su anterior informe de Octubre de 2024: “Poner fin a este genocidio requiere no solo indignación, sino también ruptura, reflexión y la valentía de desmantelar lo que lo posibilita” (A/79/384, pág. 2).
