La Asamblea General aprueba una resolución histórica que reconoce la esclavitud africana como violación imprescriptible del derecho internacional y abre la puerta a las reparaciones.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el pasado 25 de marzo una resolución sin precedentes: declarar la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. El texto, impulsado por Ghana con el respaldo de los 55 países de la Unión Africana y de la Comunidad del Caribe (Caricom), recibió 123 votos a favor, 52 abstenciones y solo tres votos en contra —Estados Unidos, Israel y Argentina—.
Esta resolución constituye la primera de carácter integral sobre la esclavitud y la trata transatlántica en la historia de la ONU. Su aprobación supone un hito en la lucha global por la memoria histórica, la justicia y la reparación frente a crímenes que afectaron a al menos 12,5 millones de personas a lo largo de tres siglos.
Un crimen sistémico, no individual
La declaración A/80/L.48 subraya que la esclavitud transatlántica no fue consecuencia de la crueldad aislada de individuos. Fue, en palabras del ministro de Exteriores de Ghana, «una arquitectura codificada en la ley, institucionalizada por los Estados y rentabilizada a través de continentes y generaciones». La resolución recuerda los instrumentos jurídicos que la legitimaron: desde las bulas papales del siglo XV hasta el Código Negro francés de 1685, que definía a los africanos esclavizados como «bienes muebles». Además, el texto reconoce el carácter especialmente generizado de este sistema: las mujeres y niñas africanas fueron sometidas de forma sistemática a violencia sexual, reproducción forzada y servidumbre doméstica.
Imprescriptibilidad y reparaciones
Uno de los puntos centrales es la afirmación de que estos crímenes no están sujetos a prescripción. La Asamblea General reafirma que los Estados tienen la obligación de reparar íntegramente el perjuicio causado, mediante disculpas formales, restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. La estimación de reparaciones manejada por la consultoría Brattle Group asciende a entre 100 y 130 billones de dólares. África destina hoy el 45% de sus ingresos al pago de una deuda que muchos expertos vinculan directamente con el legado del comercio de esclavos.
Las abstenciones de Occidente
Los países de la Unión Europea se abstuvieron alegando «inquietudes jurídicas y fácticas», entre ellas la objeción de que reconocer este crimen como «el más grave» implicaría jerarquizar los sufrimientos históricos. Estados Unidos rechazó directamente el «derecho jurídico a las reparaciones por errores históricos». Frente a ello, el asesor jurídico de la UA Martin Okumu Masiga fue categórico: «Los crímenes contra la humanidad no están sujetos a prescripción, independientemente de cuándo se cometieron».
Un paso en una lucha larga
La resolución se enmarca en un proceso iniciado en 1993 con la Declaración de Abuja y que ha avanzado con hitos como la Declaración de Accra de 2023. La propia Unión Africana ha declarado el período 2026-2035 como la Década de Acción sobre las Reparaciones. Para el investigador Adekeye Adebajo, «se trata de luchas largas, como la de la abolición de la esclavitud, que llevó cuatro siglos». La resolución no es vinculante, pero su peso político es innegable: el debate ya ha alcanzado una dimensión global que ningún voto en contra podría revertir.
La aprobación de la resolución A/80/L.48 llega en un momento especialmente significativo. El multilateralismo atraviesa una crisis profunda: el derecho internacional es cuestionado por grandes potencias, los organismos de derechos humanos sufren recortes de financiación y legitimidad, y los discursos que relativizan las violaciones históricas y presentes ganan terreno en múltiples foros. En ese contexto, es muy relevante que 123 Estados respalden un texto que afirma la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y la obligación de reparar. Es una declaración de principios colectiva. Un recordatorio de que la arquitectura internacional de los derechos humanos, aunque frágil y disputada, tiene capacidad para avanzar. Para las organizaciones de cooperación y defensa de los derechos humanos, este hito refuerza la convicción de que la justicia histórica y la justicia presente son inseparables: no se puede construir un orden mundial más justo ignorando los crímenes que lo fundaron.
