ASONGD traslada al Defensor del Pueblo Andaluz el vaciamiento presupuestario de la cooperación municipal y solicita una reunión urgente
La Asociación Sevillana de ONGD ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz, registrada el 30 de julio de 2026, por la práctica desaparición de la cooperación al desarrollo como política pública municipal en Sevilla. La asociación pide ser recibida en audiencia a la mayor brevedad y solicita el amparo de esta institución para buscar una solución al proceso seguido por el Ayuntamiento de Sevilla.
Como ya recogía el artículo publicado el pasado 29 de julio, el presupuesto municipal de 2026 redujo un 83,17 % la dotación destinada a cooperación internacional, que pasó de más de dos millones de euros en 2025 a 347.405 euros este año. La convocatoria de subvenciones de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento se articulaba tradicionalmente en cinco modalidades, y para 2026 solo la línea de proyectos con inversión en el exterior conservaba alguna perspectiva real de mantenerse activa. Se nos trasladó de manera extraoficial que, incluso esa línea, terminaría destinándose a la respuesta de emergencia tras los terremotos de Venezuela, sin que ese cambio de destino llegara a formalizarse nunca por escrito, hasta que el 10 de julio el propio Ayuntamiento confirmó que no habría convocatoria de cooperación al desarrollo 2026.
La queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz es un paso más en este escenario de reivindicación. Como explicamos en el escrito, no acudimos a esta instancia como primer recurso. En enero de 2026 presentamos alegaciones al presupuesto municipal, conocedores de los recortes que iban a hacerse oficiales debido al pacto de gobernabilidad con Vox. Estas alegaciones fueron desestimadas en Pleno del Ayuntamiento el 29 de enero. Antes y después hemos mantenido un canal de diálogo abierto con el área de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, pero las respuestas dadas no se han concretado en soluciones, y el sector no ha recibido en ningún momento una comunicación formal sobre los recortes o la decisión de suprimir la política de cooperación.
La queja pide también que el Defensor del Pueblo Andaluz recabe del Ayuntamiento un informe sobre los criterios aplicados y su coherencia con el nuevo Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2026-2030, aún en pleno desarrollo.
La Educación para el Desarrollo en Sevilla Solidaria: una salida parcial que ASONGD reconoce
Entre líneas de recorte, hay un movimiento que la propia asociación valora en positivo. La modalidad de Educación para el Desarrollo y sensibilización —dirigida hasta ahora a ONGD, universidades y organismos internacionales, e integrada tradicionalmente en la propia convocatoria de cooperación al desarrollo— corría serio riesgo de desaparecer por completo en 2026, igual que ya le había ocurrido antes a la línea de acción humanitaria, sin dotación proyectada para este año, o a la línea de población migrante y refugiada, extinguida como modalidad específica en 2024-2025. Finalmente, sin embargo, esa modalidad de educación se ha integrado como línea 9 de la convocatoria Sevilla Solidaria, lo que garantiza cierta continuidad de financiación para estos proyectos.
ASONGD reconoce esta decisión como una muestra de que el Ayuntamiento conserva capacidad para reconducir parte de la situación, y valora que no se haya optado, como en otras modalidades, por la simple desaparición sin alternativa. Aún así, la asociación advierte de que esta integración diluye la identidad propia que la acción solidaria de la ciudad hacia el exterior había construido durante dos décadas, al equipararla a otras líneas de acción social de ámbito exclusivamente local, y de que su continuidad futura queda ahora sujeta a las prioridades y la dotación de una convocatoria genérica, y no a una política de cooperación diferenciada.
El contexto del pacto entre el Partido Popular y Vox
La queja al Defensor sitúa el recorte dentro del pacto local de gobernabilidad y en un contexto político más amplio: el nuevo Gobierno andaluz, constituido a comienzos de julio de 2026 con el apoyo parlamentario de Vox, y una tendencia similar en otras comunidades gobernadas por coaliciones de Partido Popular y Vox, como Extremadura y Aragón. En ASONGD no hacemos ninguna valoración partidista sobre este pacto en Sevilla, pero consideramos que es relevante que el Defensor del Pueblo Andaluz conozca que la decisión del Ayuntamiento de Sevilla no es un hecho aislado.
La ASONGD también traslada su preocupación por el discurso agresivo mostrado de forma reiterada por representantes de Vox hacia el sector de la cooperación, una postura que busca eliminar esta política pública y hacer desaparecer décadas de experiencia profesional que la han sostenido. El propio acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox para la Junta de Andalucía recoge, entre sus medidas, avanzar de forma progresiva hacia la eliminación de las subvenciones, con mención expresa a la cooperación internacional al desarrollo. Conviene subrayar que se trata de trabajadoras y trabajadores que, en su condición de vecinas y vecinos de Sevilla, son también parte del electorado al que esos representantes dicen servir.
La Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) fue contundente en su respuesta al pacto de investidura entre el Partido Popular y Vox: calificó como especialmente preocupante el ataque directo a la política pública de cooperación para el desarrollo, en su comunicado de rechazo al acuerdo.
El mismo guion se repite en otras comunidades gobernadas por coaliciones similares. En Extremadura, la Coordinadora Extremeña de ONGD denunció que la cooperación extremeña queda dotada con un porcentaje catastrófico del presupuesto autonómico, 0,03 % del presupuesto total de la Junta de Extremadura, un porcentaje catastrófico y alejado del compromiso político de avanzar hacia un 0,7 %. En Aragón, el Gobierno autonómico, con Vox al frente del área de Bienestar Social, canceló la financiación de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza y redirigió esos fondos bajo el argumento de la «prioridad nacional», hasta que la Diputación Provincial de Zaragoza terminó asumiendo ese coste para garantizar la continuidad de la cátedra.
ASONGD entiende que esta coincidencia entre comunidades autónomas distintas, con el mismo discurso y el mismo resultado, refuerza la lectura de que el recorte en Sevilla no responde a una necesidad presupuestaria puntual, sino a una orientación política compartida
Detrás de las cifras hay personas. ASONGD advierte de que la supresión casi total de la convocatoria aboca a las entidades del sector a despidos y a la congelación de contrataciones, en un contexto que ya arrastraba precariedad estructural. No se trata solo de personal técnico especializado en cooperación internacional, sino de profesionales con trayectoria consolidada en el diseño y la puesta en marcha de políticas públicas, con experiencia directa en la implementación de proyectos que representan a las instituciones sevillanas tanto en los países del Sur como en la propia ciudad. Es un perfil que ha ido ganando peso institucional a lo largo de dos décadas de cooperación descentralizada, en la interlocución con administraciones públicas, universidades y organismos internacionales. Su salida del sector no se recupera con la misma rapidez con la que se recorta un presupuesto: es conocimiento acumulado que Sevilla corre el riesgo de perder, y que después resulta muy difícil de reconstruir.
Qué pide ASONGD
La queja solicita al Defensor del Pueblo Andaluz seis actuaciones concretas: ser recibidos en audiencia, la admisión a trámite de la queja, la apertura de una investigación sobre el proceso seguido por el Ayuntamiento, un informe municipal sobre los criterios aplicados, una recomendación dirigida a la reposición de la convocatoria o a una vía transitoria de financiación, y el mantenimiento informado de ASONGD sobre las actuaciones que se deriven del expediente.
La asociación insiste en que su intención sigue siendo el diálogo, no la confrontación. Pero después de meses sin respuesta efectiva, ha optado por trasladar el conflicto a una institución de garantía que pueda valorar si esta decisión responde realmente a razones presupuestarias o a otro tipo de orientación política.
