El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las naciones Unidas, en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.
Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse en 2011.
En 2024, América Latina experimentó un aumento preocupante, a día de hoy hay al menos 300.000 casos sin resolver.
- Colombia tiene más de 140.000 desparecidos/as.
- México tiene más de 125.000 desparecidos/as.
- En Brasil diariamente desparecen 225 personas.
- En Argentina hay aproximadamente 3.000 niños y niñas desperecidos.
Según el último informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, se analizaron los patrones de las desapariciones señaladas a su atención, expresando especial preocupación por las vinculadas al reclutamiento forzoso, en particular de niños y adolescentes, a veces con la presunta aquiescencia de las autoridades. También expresó su preocupación por el creciente número de desapariciones relacionadas con la trata de personas, que afectan en particular a niños, adolescentes y mujeres. El Comité consideró que la desaparición forzada se había utilizado y se seguía utilizando como método de terror para controlar territorios.
Información del Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas.
El caso de Venezuela
Según Amnistía Internacional las autoridades venezolanas han cometido, y siguen cometiendo, desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia, en su informe Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela, que analiza la situación de 15 personas desaparecidas forzadamente desde la elección presidencial del 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025.
“La escala y gravedad de los crímenes que se cometen en el país, en concreto la desaparición forzada de personas, deben movilizar la conciencia del mundo, e impulsar la acción de la justicia internacional”
Agnès Callamard, Amnistía Internacional
Según el informe, tras las elecciones del 28 de julio, Amnistía Internacional observó un aumento drástico de la práctica de desaparición forzada, sobre todo desaparición forzada de corta duración, por parte de las autoridades venezolanas en contra de personas opositoras o percibidas como tales. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU (FFM, por sus siglas en inglés) y organizaciones de la sociedad civil han corroborado esta tendencia. Según el registro de la FFM, las alegaciones de desaparición forzada “de corta duración” de personas opositoras o percibidas como tales alcanzaron cifras en 2024 no registradas desde la represión y crisis política de 2019.
En las conclusiones del informe, Amnistía Internacional destaca que las desapariciones forzadas forman parte del ataque generalizado y sistemático dirigido contra cualquier forma de disidencia política que Amnistía Internacional lleva años documentando en Venezuela.
Si bien esta práctica ya había sido denunciada desde hace años por diversos mecanismos de derechos humanos —como la CIDH, la FFM, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como por organizaciones de la sociedad civil—, a partir de las elecciones del 28 de julio de 2024 se observó un nuevo repunte, marcado por un incremento drástico y sostenido en la comisión de desapariciones forzadas.
Los 15 casos documentados en este informe evidencian que, en términos generales, las privaciones de libertad habrían sido arbitrarias y motivadas por razones políticas. En el caso de personas extranjeras, la detención y posterior desaparición forzada parecen responder a una estrategia orientada a ejercer presión política sobre otros Estados y a reforzar la narrativa oficial de una supuesta conspiración extranjera.
En todos los casos, la privación de libertad estuvo seguida por la falta de información, la negativa a reconocer la detención y, especialmente, por el ocultamiento deliberado de la suerte y paradero de la víctima. En la mayoría de los casos, solo después de transcurridos días o incluso meses se informó sobre la detención; sin embargo, no se brindó información concreta o se negó el paradero de la persona, de modo que la única certeza que tenían los familiares era que la víctima se encontraba bajo custodia del Estado, sin conocer su ubicación ni su estado.
El caso de México
En 2024, México experimentó un aumento en las cifras de personas desaparecidas, registrando la cifra más alta en años según datos de la Universidad Iberoamericana y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD),
El total de desaparecidos al 31 de diciembre de 2024: 121.675. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes: hay 40.000 desaparecidos entre 20 y 34 años. A la gran parte de las mujeres se las llevan todavía con menos edad, entre 15 y 19 años. Hay municipios de 30.000 habitantes con casi 1.000 mujeres desaparecidas y zonas metropolitanas, como la de Guadalajara, que acumulan 9.500 personas sin localizar. Como resistencia a la tragedia, las manos de las buscadoras. Ante un Gobierno que no busca, los colectivos formados por las familias son quienes escarban la tierra y enfrentan sin ayuda las amenazas de los grupos criminales. En México las 10 ciudades con mayor número acumulan juntas más de 21.500 personas sin localizar, es decir, casi el 20% de todas los que se registran en el país.
El caso de Colombia
Según fuentes oficiales en Colombia han sido desaparecidas forzadamente entre 100,000 y 200,000 personas. El Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR registra que aún hoy cada 36 horas desaparece una persona en el país. Sus seres queridos dedican su vida a buscarlas en medio de la violencia, en su mayoría, quienes buscan son mujeres.
El 18 de junio de 2024 el Gobierno de Colombia promulgó la Ley 2364 de 2024, “por medio de la cual se reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada”. Aunque las organizaciones sociales resaltan el valor de que Colombia tenga una ley de reconocimiento y protección a las mujeres buscadoras, preocupa que los plazos dispuestos para su implementación, después de un año, no se estén cumpliendo.
Según Amnistía Internacional, al momento de aprobarse la Ley 2364 de 2024, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas registraba más de 111,000 personas desaparecidas en Colombia, mientras que el Informe Final de la Comisión de la Verdad estimó que cerca de 210,000 personas fueron desaparecidas forzadamente entre 1985 y 2016. Entre diciembre de 2016 y julio de 2024 el Comité Internacional de la Cruz Roja registró otros 1.730 casos de desaparición relacionados con el conflicto armado y la violencia: uno cada 36 horas. Muchas personas dedican su vida a buscar a sus seres queridos desaparecidos, a veces durante décadas. La experiencia muestra que la mayoría de las personas buscadoras son mujeres.
La desaparición forzada de una persona cambia la vida de sus seres queridos. Por todo el continente vemos a personas, sobre todo mujeres, que dedican su vida a buscar.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El caso de Palestina
Según expertos de la ONU con fecha del 18 de julio de 2025, alrededor de 4000 palestinos/as, siguen desaparecidos desde el 7 de octubre de 2023. El grupo de expertos afirman que veinte meses de agresiones por parte del ejército israelí han dado lugar, entre otras cosas, a patrones generalizados de desapariciones forzadas entre los palestinos de Gaza y otras partes del territorio palestino ocupado, incluidos trabajadores sanitarios y asistenciales, periodistas y otros profesionales, así como mujeres y niños.
Un ejemplo es la operación llevada a cabo el 28 de diciembre de 2024 por miembros de las FDI en el hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, donde fueron detenidos más de 240 pacientes y miembros del personal médico. Según la información recibida, se desconoce la suerte y el paradero de muchas de las personas privadas de libertad en estas circunstancias.
«El dolor y el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos pueden constituir una forma de tortura psicológica y otros tratos inhumanos». Grupo de Trabajo Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas
En el último informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (A/HRC/60/CPR.2) publicado el 20 de agosto de 2025, el grupo reitera:
- La importancia crucial de la jurisdicción universal, tanto para promover la rendición de cuentas por los delitos contemplados en el derecho internacional, incluida la desaparición forzada, como para ofrecer una respuesta centrada en las víctimas.
- Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que esas violaciones no queden impunes, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su legislación interna y el derecho internacional con el fin de enjuiciar y, cuando proceda, castigar a los responsables, o colaborando con otros Estados que lo hagan o intenten hacerlo.
- Adoptar un marco jurídico adecuado, la aplicación efectiva de la jurisdicción universal, incluso en los casos de desaparición forzada, requiere recursos financieros, técnicos y humanos altamente especializados y bien capacitados. Esto puede representar un obstáculo adicional para los países en desarrollo.
- Alienta a que se refuerce la coordinación y la cooperación entre las diferentes partes interesadas para forjar alianzas que promuevan la aplicación efectiva de la jurisdicción universal en los casos de desaparición forzada.
- El Grupo de Trabajo ha observado en repetidas ocasiones y con profunda preocupación que, en los casos de desaparición forzada, la impunidad sigue siendo generalizada. A este respecto, es más necesario que nunca que los Estados redoblen sus esfuerzos para que los autores rindan cuentas por las desapariciones forzadas, incluyendo, cuando proceda, el ejercicio de la jurisdicción universal.
