En su comparecencia el pasado miércoles ante la Comisión de Cooperación del Congreso, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, García Margallo, aseguró que “recortar en cooperación es preferible a cerrar ambulatorios“. La reacción de las organizaciones del ámbito de la cooperación no ha tardado, tachando las declaraciones del ministro de demagógicas al enfrentar los derechos de unas personas con otras, cuando la verdadera cuestión es garantizar servicios sociales básicos y derechos humanos, independientemente del lugar donde se nazca o viva.
Desde aquí, nos sumamos a las reivindicaciones de la CONGDE, la CAONGD, así como a las denuncias de Intermón Oxfam y al hashtag #CooperaSI creado para responder a tales declaraciones, animando a la participación con vuestros argumentos.
Además, la FONGDS apunta que el origen de la cooperación descentralizada en España responde directamente a una demanda social de solidaridad que se inició en los años 90 con la petición de muchas personas, organizaciones y movimientos de la sociedad civil para que España destinara el 0’7 % de su PIB a cooperación internacional.
El amplio respaldo social manifestado hizo entender a las administraciones que este tema era importante para la población y, por tanto, debía ser compromiso de los poderes públicos para responder al interés de la ciudadanía. Detrás no hay estadísticas, ni porcentajes… Hay pueblos, comunidades, sociedades, personas, alimentos, pozos de agua, escuelas, medicamentos, centros de salud…
La Ayuda Oficial al Desarrollo no es un lujo para tiempos de bonanza, ni una limosna para cuando las arcas están llenas. Es una necesidad vital para millones de personas, es un imperativo ético y moral que responde a criterios de justicia social.
En 2010, por citar sólo el caso de Andalucía, siete millones y medio de personas fueron beneficiarias directas de alguna de las intervenciones de las 65 ONGD que forman la CAONGD. Son cifras que cuentan detrás con rostros de hombres, mujeres, niños y niñas de 64 países empobrecidos de África, América y Asia. De manera indirecta, esta cifra se eleva hasta los 92 millones de personas.
Por citar otro ejemplo, 10.000 euros más o menos destinados a la cooperación internacional suponen que 1.000 niños/as sean o no vacunados contra el sarampión en Centroamérica, aunque no sólo eso justifique su existencia.
Poner en una balanza los problemas sociales de España con la situación de los países empobrecidos es un ejercicio completamente maniqueo, inoportuno y falto de efectividad en la lucha contra la pobreza y la supuesta defensa de los Derechos Humanos.
CCOPERASI! ES UNA CUESTIÓN DEJUSTICIA Y DDHH.
Y EN ESTOS TIEMPOS DE CRISIS, ¡MÁS QUE NUNCA!