Un presupuesto municipal más elevado no implica que los ayuntamientos inviertan más en políticas sociales. Esta es una de las principales conclusiones del Informe de los presupuestos sociales locales en Andalucía 2023, presentado en Jaén por la Coordinadora Andaluza de ONGD y sus redes provinciales en el marco de Futuro en Común, que analiza los casos de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla. Las cantidades destinadas a la inversión social se mantienen en torno a una media de 521,43€ por habitante en los distintos municipios que, en general, muestran falta de transparencia para que la ciudadanía acceda con facilidad a esta información pública.
El informe hace un análisis individual de estas siete localidades, así como una comparativa intermunicipal, a partir de la inversión social en políticas como el bienestar comunitario, la vivienda, el empleo, la sanidad, la educación, la cultura o el deporte. Entre los municipios analizados, Jaén destaca como el que realizó la mayor inversión total por habitante (1.776,15 euros). A continuación, se sitúan Sevilla y Málaga, con una inversión aproximadamente 100€ inferior a la de Jaén.
Los municipios con mayor inversión social por habitante entre los siete analizados fueron Málaga (596,9€/hab) y Sevilla (596,65€/hab). Sin embargo, cuando se desglosa la inversión por Área de Gasto, se observa que Jaén fue el municipio que más invirtió socialmente en Servicios Públicos Básicos por habitante (299€), seguido de Málaga, con una inversión de 290,3€ por habitante. Por su parte, Sevilla es la que más invirtió socialmente en las áreas de Actuaciones de Protección y Promoción Social, con 212€/hab, y Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente, con 146,9€/hab.
En el Área de Gasto de Actuaciones de Carácter General fue Córdoba el municipio que más invirtió por habitante con 28,81€ y Almería el que menos con 1,5€. En el área de Actuaciones de Carácter Económico, sólo Almería destinó 1,5€/hab en Desarrollo Rural. El resto de los municipios no consignaron ningún crédito a esta Política de Gasto.
Bienestar comunitario es la Política de Gasto con mayor inversión social (13,4%). El monto más elevado se destinó al Grupo de Programa de Limpieza viaria, con una media de inversión de 5,64% de los presupuestos consolidados, y Recogida, Gestión y Tratamiento de residuos, con una media de 5,23%.
La política de Medio Ambiente presentó una media de inversión social del 3%. El 94% de esta inversión fue destinada al Grupo de Programa de Parques y Jardines en todos los municipios.
La Política de Gasto de Servicios Sociales y Promoción Social es la segunda con mayor inversión social de media y comprende un Grupo de Programa: Asistencia Social Primaria. Este grupo incluye una amplia gama de programas dirigidos a Juventud, Mayores, Igualdad, Inclusión, Migración o Cooperación Internacional al Desarrollo, que necesitan de un estudio pormenorizado dado que está política está estrechamente vinculada a los ODS 1 y 10, que se centran en erradicar la pobreza y reducir las desigualdades, así como la Meta 1.3, que enfatiza la importancia de implementar sistemas de protección social para grupos vulnerables en el que los gobiernos locales juegan un papel fundamental.
Es notable señalar la escasa inversión social en políticas públicas como fomento del empleo, promoción y gestión de la vivienda de protección, sanidad y participación ciudadana, que se sitúan con una media por debajo del 1%.
En cuanto a Cooperación Internacional al Desarrollo la media de inversión es del 0,13%, con dos municipios que no destinaron créditos a esta política pública. Este porcentaje se sitúa muy alejado del 0,7% comprometido a nivel nacional e internacional que, unido al contexto autonómico (donde se está reduciendo de manera sistemática año tras año los fondos destinados a esta política), vislumbra un panorama de la cooperación municipal preocupante.
Durante el proceso de búsqueda de información económica para realizar este estudio, se ha evidenciado la dificultad que existe para que la ciudadanía acceda a esta documentación pública cualquiera que sea su formato o soporte, como estipula la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, lo cual obstaculiza la promoción de una opinión crítica y la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social, como están obligados los entes públicos a fomentar según los artículos 9.2 de la Constitución y 10.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
De la misma manera, se ha observado la falta de transversalidad del enfoque de género en la formulación de los presupuestos locales para que se haga efectiva la igualdad entre hombres y mujeres como recoge la Ley la Ley Orgánica 3/2007. Una muestra de ello es que, de los siete municipios del estudio, solo se ha encontrado publicado el informe de impacto de género en el Ayuntamiento de Málaga.
