El Foro de ONG españolas en Perú, que agrupa a 25 organizaciones dedicadas a proyectos de cooperación internacional, manifestó su profunda preocupación por la aprobación, el 12 de marzo, de una modificación de la Ley APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) por parte del Congreso peruano. Esta reforma, aprobada sin un debate amplio ni consulta con sectores clave como la sociedad civil, organizaciones sociales y empresariales, introduce cambios que podrían afectar gravemente el trabajo de las ONG en apoyo a las poblaciones más vulnerables del Perú.
El Foro destacó que las modificaciones podrían perjudicar a comunidades indígenas, mujeres, defensores de derechos humanos y ambientales, víctimas de violencia política y otros grupos vulnerables, limitando su acceso a la justicia y revictimizándolos. Además, expresó su respaldo a iniciativas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas, recordando que las ONG ya están sujetas a fiscalización por parte de entidades como la Superintendencia de Banca y Seguros y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Entre las disposiciones más preocupantes de la reforma se encuentran:
- Registro obligatorio para ejecutar recursos de Cooperación Técnica Internacional: Esta medida, declarada inconstitucional en 2007, afectaría a organizaciones indígenas, de base y campesinas que carecen de capacidad burocrática para cumplir con los requisitos de la APCI.
- Aprobación previa de proyectos por parte de la APCI: Esto podría retrasar o incluso impedir la ejecución de proyectos ya aprobados por la cooperación internacional.
- Prohibición de usar recursos para acciones legales contra el Estado: Esta disposición limitaría el derecho de las ONG a brindar apoyo legal o asesoría a comunidades y personas que buscan justicia ante abusos o violaciones de derechos humanos.
El Foro advirtió que, de implementarse la ley en su forma actual, se pondría en riesgo la labor de defensa de derechos humanos, igualdad y medio ambiente que realizan las organizaciones de la sociedad civil, tanto peruanas como internacionales. Además, señaló que las sanciones arbitrarias y desproporcionadas podrían llevar al cierre de ONG, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas.
En respuesta, el Foro expresó su solidaridad con las organizaciones peruanas y pidió la apertura de espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil para construir una normativa que garantice tanto la fiscalización de fondos como la protección de los derechos de los sectores más vulnerables. Asimismo, solicitó el apoyo de la Unión Europea, las embajadas de los Estados miembros y, en particular, del Ministerio de Relaciones Exteriores de España y su embajada en Perú, para difundir estas preocupaciones y promover un diálogo que asegure que la cooperación internacional se ajuste a los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú.
