El nuevo plan de cooperación fija 34 millones anuales, pero el Presupuesto 2025 sólo garantiza 18,8 millones y deja sus objetivos a medio gas.
El Consejo de Gobierno andaluz ha dado luz verde al IV Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (2025-2028), la hoja de ruta que regirá la política de solidaridad exterior de la Junta durante los próximos cuatro años. El texto articula siete objetivos estratégicos y 91 medidas, agrupadas en tres programas (desarrollo en los territorios prioritarios, acción humanitaria y de emergencia, y educación / compromiso ciudadano). Cada medida incorpora centro responsable, agentes implicados, población destinataria, recursos, calendario y más de 300 indicadores de seguimiento, lo que refuerza su enfoque a resultados.
El IV PACODE prevé movilizar 138,2 millones de euros para el período 2025-2028 (34 millones de € por año) Con este monto se prevé reforzar DD.HH., igualdad, seguridad alimentaria, servicios básicos y sostenibilidad, con fuerte apuesta educativa en Andalucía. Actuará en América Latina, Norte de África, Oriente Medio y África Subsahariana bajo el principio de universalidad y con la implicación de las 13 consejerías y participación ciudadana.
Un Plan para un sistema en crisis y sin peso político. Lo que esconden los números
El nuevo Plan Andaluz de Cooperación (2025-2028) aspira a movilizar 138,2 millones de euros —34 millones al año— para reforzar derechos humanos, igualdad, seguridad alimentaria, servicios básicos y sostenibilidad, con una apuesta particular por la educación para la ciudadanía global en Andalucía. La hoja de ruta prevé actuar en América Latina, Norte de África, Oriente Medio y África Subsahariana —bajo el principio de universalidad— y contar con la implicación de las trece consejerías y de la participación ciudadana.
El entusiasmo estratégico, sin embargo, choca con la aritmética del anteproyecto de Presupuesto 2025: la cooperación andaluza sólo recibirá 18,8 millones, poco más de la mitad de lo que el propio plan dice necesitar cada ejercicio. El desfase aboca a las 91 medidas del IV PACODE a quedarse, de entrada, sin el 45 % de los recursos teóricos.
La AACID, llamada a coordinar y financiar la Agenda 2030 en Andalucía, ve así limitada su capacidad real. El recorte no es sólo numérico: la Agencia pasó en 2019 de depender de la Presidencia —que podía blindar el área ante los recortes— a quedar adscrita a la Consejería de Inclusión Social, movimiento que el sector interpreta como pérdida de peso político.
Ese desplazamiento institucional se refleja en una tendencia presupuestaria en picado. La promesa histórica del 0,7 % de los ingresos autonómicos para cooperación se ha evaporado: en 2019 la AOD andaluza rozaba el 0,11 %, pero el proyecto 2025 la reduce al 0,0385 %. La distancia con el compromiso original se ha multiplicado por 18.
La propia AACID sufre el tijeretazo: tras recibir 21,75 millones en 2024, caerá a 18,81 millones en 2025 (-13,5 %). El golpe se cebará en las ONGD, columna vertebral del sistema: su convocatoria pierde 2,84 millones (-19 %) y se queda en 12,13 millones.
Los números confirman un recorte en cascada. Entre 2019 y 2023 la inversión efectiva de la Junta cayó de 38 a 20,3 millones (-47 %); los fondos que llegaron a proyectos pasaron de 34,5 a 15,3 millones (-55 %); las intervenciones financiadas se desplomaron de 150 a 76. Andalucía funciona hoy con la mitad de los recursos y de los proyectos que tenía al inicio de la legislatura.
El deterioro ha provocado un déficit de liderazgo que denuncian las redes de ONGD: Andalucía, otrora referente, se sitúa ya por debajo de la media autonómica (0,14 %) y “se ha bajado del tren” de la solidaridad interterritorial. Mientras el Ejecutivo presume de “presupuesto récord” en términos globales, la cooperación —la política que mejor proyecta la solidaridad andaluza— se queda sin combustible.
“Mientras la Junta presume de récord presupuestario global, recorta la inversión que mejor proyecta la solidaridad andaluza en el mundo”
Coordinadora Andaluza de ONGD
En términos comparativos, Andalucía ha pasado de situarse entre las tres comunidades con mayor esfuerzo en cooperación descentralizada a la parte media-baja del grupo. La tendencia amenaza con vaciar de contenido el IV PACODE antes incluso de su arranque formal: las cifras del anteproyecto 2025 —18,8 millones de €— representan apenas el 55 % del crédito medio anual que el plan declara necesario (34 millones de €). Si la brecha no se corrige, más de la mitad de las 91 medidas estratégicas nacerán sin financiación real.
Áreas más golpeadas por los recortes
El goteo de recortes y la volatilidad presupuestaria han convertido la gestión de la cooperación andaluza en un ejercicio de equilibrismo para sus principales ejecutores —ONGD y universidades—. Sin un horizonte financiero estable, resulta casi imposible trazar proyectos a medio y largo plazo: los planes plurianuales PACODE se redactan con grandes metas, pero se quedan sin brújula cuando los fondos comprometidos no llegan a las convocatorias anuales. Las organizaciones se ven entonces obligadas a replegar o redimensionar sus programas, con el riesgo de dejar a medias procesos clave y de dilapidar los avances conseguidos sobre el terreno.
El golpe se siente también en el capital humano. Tras años de ajustes, el sector ha perdido buena parte de sus perfiles más experimentados: según cálculos de ASPA (2022), la plantilla dedicada a cooperación en Andalucía se ha reducido en torno a un 33 %. Esa fuga de talento —especializado en la gestión de recursos públicos y el trabajo con comunidades vulnerables— erosiona la capacidad operativa de las entidades y el entramado asociativo de la comunidad.
Otros capítulos fundamentales como la cooperación universitaria, están al borde del abismo –sus fondos pasaron de 3 millones de euros en 2011 a unos escuálidos 800.000 euros para 2025–, una cifra que compromete becas, investigaciones y voluntariado internacional. en las universidades andaluzas.
El panorama descrito ha llevado a hablar abiertamente de una crisis o debilitamiento profundo del sistema andaluz de cooperación. Andalucía, que durante años fue un referente estatal en esta materia, ha pasado a ser señalada como ejemplo de retroceso. La percepción general en el sector es que la política pública de cooperación internacional ha perdido peso político dentro de la Junta.
Sin una senda creíble de incremento presupuestario el IV Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo corre el riesgo de convertirse en un mero ejercicio de marketing social. La reactivación de la política pública de cooperación pasa por dotarla de recursos estables y por devolverle el rango político que ha perdido en los últimos años, un ejercicio imprescindible y urgente en un momento de graves crisis que afectan al desarrollo democrático de las sociedades y a los derechos humanos de millones de personas en España y en todo el mundo.
El eslabón esencial de la cooperación andaluza
Las ONGD andaluzas encarnan el músculo operativo de la política pública de cooperación: identifican necesidades sobre el terreno, tejen alianzas locales, ejecutan proyectos y rinden cuentas con un rigor que la propia administración difícilmente podría igualar. Gracias a su arraigo social y a la diversidad de sus especialidades —desde salud comunitaria hasta acción humanitaria— convierten los objetivos de las políticas públicas de la Junta en resultados tangibles: pozos que abastecen a comunidades rurales, escuelas abiertas en contextos de conflicto o programas de igualdad que transforman la vida de miles de mujeres. Sin su capacidad técnica y su presencia continuada en América Latina, el norte y el sur de África y Oriente Medio, los grandes objetivos estratégicos del IV PACODE quedarían en declaraciones de intención.
Ese papel vertebrador es, además, el vehículo principal para aterrizar la Agenda 2030 en el exterior y dentro de Andalucía: cada intervención incorpora los enfoques de derechos humanos, género, sostenibilidad y participación ciudadana que exige la ONU. Debilitar financieramente al sector —con recortes que ya superan el 50 % en un lustro— no sólo compromete proyectos esenciales; hace inviable que la comunidad autónoma cumpla sus propias metas de desarrollo sostenible. Mantener un ecosistema ONGD robusto no es un gesto de buena voluntad, sino la condición sine qua non para que la cooperación andaluza siga aportando valor, prestigio y resultados en un mundo cada vez más interdependiente.
