El IX Informe FOESSA (2025), presentado por Cáritas Española y la Fundación FOESSA, ofrece un retrato inquietante del estado social del país y continúa una trayectoria de casi seis décadas de investigación sobre la realidad social en España. La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) fue creada por Cáritas en 1965 y, desde entonces, ha elaborado nueve informes nacionales que se han convertido en una referencia clave para analizar la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
El nuevo informe mantiene esta línea de continuidad, aportando una mirada amplia sobre los cambios estructurales del modelo social y económico español tras la pandemia y la crisis del coste de vida. El VIII Informe FOESSA (2019) ya había advertido de la persistencia de la exclusión pese a la recuperación económica, señalando que una quinta parte de la población se encontraba en exclusión social y que uno de cada diez hogares sufría exclusión severa. Aquel estudio situó en el centro del debate el debilitamiento de las clases medias y el impacto de la precariedad laboral como principal factor de vulnerabilidad.
Seis años después, el IX Informe amplía este diagnóstico y constata que España atraviesa una fractura social sin precedentes: más de 10 millones de personas —el 23,1 % de la población— viven en exclusión social, y 4,3 millones lo hacen en exclusión severa, un 52 % más que en 2007.
Una sociedad fracturada y una clase media en retroceso
El informe describe una España polarizada, donde la recuperación económica no logra recomponer los vínculos de cohesión. La clase media se encoge y una parte creciente de la población cae en la vulnerabilidad. España figura entre los cuatro países con mayor tasa de pobreza de la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria, Rumanía y Grecia (Eurostat 2024). FOESSA habla de un país “ecológicamente vulnerable y socialmente desgarrado”, en el que el empleo y la vivienda se han convertido en los motores principales de exclusión.
Políticas sociales: entre la insuficiencia y la fragmentación
El panorama actual muestra que el sistema de protección social no está a la altura de las desigualdades actuales. A pesar del incremento del gasto público, las políticas sociales actúan como un escudo débil y fragmentado, más orientado a paliar que a transformar. Casi la mitad de las personas en exclusión severa no recibe ninguna ayuda regular, y la dispersión competencial entre administraciones genera profundas desigualdades territoriales. En regiones como Andalucía, las coberturas son más limitadas, con déficits persistentes en vivienda, dependencia y cuidados.
FOESSA denuncia la falta de coherencia y planificación a largo plazo: se invierte en medidas reactivas, centradas en la emergencia, pero sin una visión redistributiva sostenida. La vivienda pública continúa siendo insuficiente, los servicios sociales locales están saturados y la burocracia impone más obstáculos que soluciones. El resultado es un país que no garantiza derechos, sino supervivencias parciales, dejando la responsabilidad en manos de las personas más vulnerables.
Empleo precario y vivienda inaccesible
El empleo ha perdido su función protectora. Casi la mitad de la población activa —11,5 millones de personas— vive atrapada en la inestabilidad, los bajos salarios o la temporalidad. Uno de cada diez trabajadores se encuentra en exclusión social. La vivienda, por su parte, se ha convertido en lo que FOESSA denomina un “derecho fake”: uno de cada cuatro hogares sufre exclusión residencial y el 45 % de los inquilinos está en riesgo de pobreza o exclusión, la tasa más alta de toda la UE.
El informe advierte además del deterioro de los lazos sociales: la soledad y el aislamiento se han multiplicado entre quienes viven en exclusión severa. La desigualdad de género y origen agrava la fractura: el 42 % de los hogares excluidos está encabezado por mujeres, y el 47,4 % de las personas de origen extranjero vive en exclusión, casi el triple que la población autóctona.
Juventud: una generación bloqueada
La juventud española es la gran perdedora de este modelo. 2,5 millones de jóvenes viven en pobreza o exclusión, y el 11 % en exclusión severa. La edad media de emancipación supera los 30 años, y el alquiler en las principales ciudades consume más del 60 % del salario neto juvenil. FOESSA advierte que el “código postal y la mochila familiar” pesan más que el mérito: la desigualdad se hereda, y la movilidad social se estanca. Uno de cada tres jóvenes con empleo es pobre.
Andalucía: vulnerabilidad estructural
En este contexto, Andalucía se sitúa entre las comunidades más afectadas, según los datos del IX Informe FOESSA y el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía (2022). El 23,1 % de su población vive en exclusión social y el 30 % bajo el umbral de pobreza, cifras por encima de la media estatal. Con una de las rentas medias más bajas del país, la comunidad sufre un modelo productivo dependiente del empleo precario y estacional. FOESSA la ubica entre las regiones de “escasez restrictiva”, con baja capacidad redistributiva y recursos sociales limitados.
Esta situación no es nueva. Andalucía arrastra históricamente una brecha social vinculada a la desigualdad territorial y a la falta de políticas estructurales sostenidas. El VIII Informe FOESSA (2019) ya advertía que la comunidad presentaba una de las tasas más altas de exclusión severa del país (9,2 %), y que la recuperación económica posterior a la crisis financiera había sido insuficiente para reducir las desigualdades. En el periodo 2013–2018, aunque la exclusión total descendió, persistían problemas estructurales en empleo, vivienda y acceso a derechos básicos.
El análisis más reciente confirma esa tendencia: Andalucía combina tasas elevadas de desempleo con un sistema de protección débil. Solo una parte de los hogares accede a rentas mínimas o ayudas habitacionales, y la cobertura de los servicios sociales municipales es desigual entre provincias. En Cádiz o Huelva, la pobreza supera el 35 %, mientras que en Málaga y Sevilla los precios de la vivienda se disparan, empujando a miles de familias a situaciones de sobreendeudamiento o hacinamiento.
La exclusión andaluza se explica sobre todo por la falta de empleo estable y por el aumento del coste de la vivienda, especialmente en las áreas urbanas. A ello se suman la brecha digital —que afecta al 30 % de los hogares en exclusión— y la debilidad de las redes familiares y comunitarias, que reducen la capacidad de respuesta ante las crisis. FOESSA advierte que, sin un fortalecimiento real de las políticas autonómicas de inclusión, la comunidad corre el riesgo de cronificar la exclusión y ampliar la distancia con la media nacional.
Hacia una nueva arquitectura social
FOESSA propone transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo basado en el cuidado de la vida, la justicia social y la sostenibilidad: pasar del bienestar material al “bien cuidar”. Propone reforzar el parque público de vivienda, dignificar el empleo, garantizar derechos universales —salud, educación, ingresos mínimos— y fortalecer las redes comunitarias. También urge una reforma fiscal progresiva y una visión ecológica del desarrollo.
El informe concluye que España y Andalucía están en una encrucijada: seguir atrapadas en un modelo de desigualdad estructural o apostar por un nuevo contrato social basado en la justicia, la solidaridad y el cuidado.
