Setenta y cinco años después de la Convención de Ginebra, el derecho fundamental de buscar protección de las personas refugiadas retrocede en todo el mundo.
El 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas, una fecha que en 2026 llega marcada por una contradicción evidente. Por primera vez en una década, el número global de personas desplazadas por la fuerza descendió ligeramente, hasta los 117,5 millones a mediados de 2025, según datos de ACNUR recogidos en el último Informe Anual de CEAR. Ese descenso no responde a una mejora de la situación, sino, según señala la propia organización, al endurecimiento de las políticas migratorias en todo el mundo, que dificulta cada vez más que las personas perseguidas puedan acceder a protección.
Los conflictos que generan este desplazamiento se extienden por buena parte del planeta. En Europa, la guerra de Rusia contra Ucrania ha intensificado el uso de armas explosivas en zonas pobladas y los ataques contra infraestructuras energéticas, en violación documentada del derecho internacional humanitario, con una población refugiada ucraniana cercana a los 5,9 millones de personas. En Oriente Próximo, Siria continúa gestionando el regreso de su población refugiada tras la caída del régimen de Asad mientras persisten episodios de violencia sectaria, el Líbano arrastra una crisis de acogida que afecta tanto a personas refugiadas sirias como palestinas, y Gaza sigue generando uno de los mayores desplazamientos del mundo. En África y Asia, las crisis de Sudán, la República Democrática del Congo, Somalia, el Sahel, Afganistán y Myanmar concentran buena parte de los nuevos desplazamientos registrados cada año. Libia, por su parte, se mantiene como uno de los principales países de tránsito hacia Europa, con denuncias reiteradas de organismos internacionales sobre detenciones arbitrarias, torturas y trata de personas migrantes y refugiadas. Y en las propias fronteras de la Unión Europea, las políticas de control migratorio se cobraron en 2025 al menos 3.400 muertes y desapariciones, según la Organización Internacional para las Migraciones, cifra que la organización Caminando Fronteras eleva a 1.906 solo en la ruta atlántica hacia Canarias.
Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos atraviesa su propia crisis de protección: el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció en enero de 2026 la deshumanización de personas migrantes y refugiadas, con detenciones arbitrarias, redadas en hospitales, iglesias y escuelas, y deportaciones a terceros países sin vínculo previo, además de la suspensión del Programa de Admisión de Refugiados; Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado estas medidas por vulnerar el debido proceso y el principio de no devolución.
Este conjunto de políticas —en Europa, en Estados Unidos y en los propios países de origen, donde gobiernos y actores externos financian o sostienen algunos de los conflictos que generan el desplazamiento— dibuja un escenario en el que la condición de persona refugiada pierde, de facto, buena parte de su fuerza jurídica: en la práctica de 2026, ese derecho depende cada vez más de listas de países considerados seguros, acuerdos de externalización y criterios de admisión que cambian con cada gobierno. Las personas desplazadas por la crisis climática parten, además, de una desventaja mayor, ya que ni siquiera cuentan con ese reconocimiento jurídico de partida.
¿Qué es una persona refugiada? La definición de la Convención de Ginebra
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra en 1951 y ampliada por el Protocolo de 1967, define a una persona refugiada como aquella que se encuentra fuera de su país de origen y no puede o no quiere regresar a él debido a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Sobre esa definición se asienta el principio de no devolución: ninguna persona refugiada debe ser devuelta a un territorio donde su vida o su libertad corran peligro.
Conviene distinguir este concepto de otros que suelen mezclarse en la conversación pública. Quien solicita asilo se encuentra en un proceso de evaluación de esa misma necesidad de protección, sin que el reconocimiento esté garantizado; solo cuando ese proceso concluye de forma favorable, la persona solicitante pasa a tener, formalmente, estatuto de refugiada. Un migrante, por su parte, abandona su país por decisión propia, generalmente en busca de mejores oportunidades económicas o vitales, sin que medie persecución o conflicto. Existen además dos categorías relacionadas pero distintas: las personas desplazadas internas, que huyen de la violencia o la persecución sin llegar a cruzar una frontera internacional y permanecen bajo la protección legal de su propio Estado; y las personas apátridas, a quienes ningún país reconoce como nacionales y que, por ello, carecen de acceso a derechos básicos como la educación, la sanidad o la libertad de movimiento.
Por qué huye una persona refugiada: los tipos de desplazamiento forzado
ACNUR distingue varias causas de desplazamiento forzado, que rara vez aparecen de forma aislada y que conviene diferenciar con claridad.
Persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política
Es la causa que recoge de forma más directa la Convención de 1951. Sudán ofrece un ejemplo extremo: en la toma de la ciudad de El Fasher, en octubre de 2025, organismos de la ONU y medios internacionales documentaron episodios que calificaron de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra comunidades no árabes, en el marco del enfrentamiento entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Un panel de expertos de la ONU y Human Rights Watch han documentado indicios, considerados creíbles aunque no concluyentes, de apoyo militar y financiero externo a las RSF por parte de los Emiratos Árabes Unidos, algo que Abu Dabi niega. A finales de 2025, 13,4 millones de personas sudanesas permanecían desplazadas por la fuerza, la cifra más alta de África, junto a otras grandes crisis en la República Democrática del Congo, Somalia y el Sahel, donde ACNUR prevé hasta 5,7 millones de personas desplazadas a finales de 2026.
Guerra y violencia generalizada
Constituye otra causa reconocida, aunque con un estatuto jurídico distinto al de la persecución individualizada: muchas legislaciones, entre ellas la española y la europea, ofrecen en estos casos protección subsidiaria. Es el caso de Ucrania, Siria y el Líbano, donde la violencia generalizada empuja a la huida sin que medie siempre una persecución dirigida contra un grupo concreto. Algo similar ocurre en Gaza, donde CEAR describe la continuación en 2025 de lo que califica como una campaña genocida de Israel contra la población palestina, una caracterización que comparten varios expertos independientes de la ONU mientras el procedimiento abierto ante la Corte Internacional de Justicia sigue su curso.
Colapso económico, político y social
Es una causa más difícil de encajar en el marco legal de 1951, como ocurre con Venezuela, primer país de origen de personas refugiadas a nivel mundial, con 7,9 millones de personas fuera de sus fronteras. Quienes huyen por esta vía a menudo combinan motivaciones —inseguridad, persecución política, colapso de servicios básicos— que las categorías jurídicas clásicas no siempre recogen con precisión.
Refugiados climáticos: el desplazamiento por la crisis climática
Es una cuarta causa que gana peso cada año sin contar todavía con reconocimiento jurídico propio. El término «refugiado climático» se ha popularizado en los medios, pero resulta jurídicamente impreciso: el estatuto de persona refugiada, tal y como lo define la Convención de 1951, no se concede a quien pierde su hogar por causas ambientales.
Por eso, organizaciones como Ayuda en Acción —socia de ASONGD— prefieren hablar de personas desplazadas climáticas o migrantes climáticas. Según datos del Internal Displacement Monitoring Centre recogidos por la organización, en 2022 los desastres provocaron 32,6 millones de desplazamientos en el mundo, el 98 % de ellos relacionados con el clima. Entre las causas principales figuran la subida del nivel del mar, que amenaza a países como Maldivas, Tuvalu o Bangladés; los fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes e inundaciones; las sequías prolongadas en regiones como el Sahel; y la desertificación y la pérdida de ecosistemas de los que dependen comunidades enteras para su subsistencia.
Cuántas personas refugiadas hay en el mundo: las cifras de ACNUR y CEAR
Según los datos más recientes publicados por ACNUR, actualizados en noviembre de 2025, a finales de junio de 2025 había 117,3 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo: más de 1 de cada 70 personas del planeta. De ellas, 42,5 millones tenían estatuto de refugiado —incluidos 5,9 millones de personas refugiadas de Palestina bajo mandato de la UNRWA—, 67,8 millones eran personas desplazadas internas y 8,4 millones, solicitantes de asilo. A esto se suman 4,4 millones de personas apátridas. El 71 % de las personas refugiadas y necesitadas de protección internacional eran acogidas en países de renta baja o media, y el 66 % permanecía en países vecinos al suyo de origen.
Estas cifras varían según la fecha y el informe de referencia. En junio de 2025, al publicar su Informe de Tendencias Globales correspondiente al cierre de 2024, ACNUR situó el número de personas desplazadas en 122,1 millones a finales de abril de ese año, la décima subida anual consecutiva, y destacó que Sudán había superado a Siria como el país con más personas desplazadas, con 14,3 millones de refugiados y desplazados internos combinados. La diferencia con la cifra de 117,3 millones citada más arriba no implica una mejora real tan pronunciada: responde a fechas de referencia y metodologías de cálculo distintas entre el informe semestral y el informe anual de ACNUR.
La Unión Europea y las personas refugiadas
El XXIV Informe Anual de CEAR, Las personas refugiadas en España y Europa, documenta 158.003 llegadas irregulares a la Unión Europea en 2025, un 24 % menos que en 2024, con un descenso marcado en la ruta canaria y un aumento en la ruta balear, donde ha crecido la llegada de personas de origen somalí tras trayectos de hasta dos años marcados, según CEAR, por violencia sexual, trabajo forzado, encarcelamientos, tortura y extorsión, especialmente en Libia.
El centro del debate europeo está en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor el 12 de junio de 2026 y que amplía los conceptos de país de origen seguro y tercer país seguro, permitiendo declarar inadmisibles solicitudes de protección sin un examen individualizado. La tasa de reconocimiento de protección internacional en el conjunto de la Unión cayó hasta un mínimo histórico del 29 % en 2025.
España: solicitudes de asilo y tasa de reconocimiento
España registró 144.396 solicitudes de protección internacional en 2025, un 13,7 % menos que en 2024, lo que la situó en tercer lugar de la UE. Venezuela se mantuvo como primera nacionalidad solicitante, seguida de Malí, mientras Palestina registró 1.868 solicitudes, un 105 % más que el año anterior. La tasa de reconocimiento española cayó del 18,5 % al 11,2 % en un solo año, muy por debajo de la media europea. CEAR atribuye buena parte de este descenso al efecto disuasorio del nuevo Reglamento de Extranjería, que excluyó el tiempo como solicitante de protección internacional del cómputo para el arraigo, y ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra los preceptos que considera más lesivos.
La frontera sur
Las llegadas marítimas a costas españolas descendieron un 46 % en 2025, con una caída especialmente pronunciada en la ruta canaria, vinculada al refuerzo del control migratorio con Mauritania y Senegal. La Organización Internacional para las Migraciones registró al menos 421 personas fallecidas o desaparecidas en esta ruta durante el año, cifra que la organización Caminando Fronteras eleva a 1.906 fallecimientos y desapariciones entre enero y diciembre. Tras un auto del Tribunal Supremo que obligó al Estado a asumir la acogida de menores solicitantes de asilo en Canarias, el Gobierno canario contabilizó 581 menores trasladados desde el archipiélago a lo largo de 2025.
Acogida e inclusión
El Sistema de Acogida de Protección Internacional atendió en 2025 a 69.563 personas, un 6,5 % más que el año anterior, procedentes principalmente de Venezuela, Ucrania, Malí, Senegal, Colombia y Perú. CEAR señala que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal obstáculo para la inclusión de las personas beneficiarias de protección internacional, en un contexto de emergencia habitacional que afecta de forma desproporcionada a este colectivo.
Andalucía, territorio de acogida
Andalucía, puerta de entrada marítima hacia Europa a través del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, concentra buena parte de la respuesta local a esta realidad. Cruz Roja Española hizo balance de su trabajo en 2025: a nivel estatal acompañó a cerca de 38.100 personas solicitantes de protección internacional, con más de 10.700 plazas de acogida y una tasa de inserción laboral cercana al 38 %.
El pasado mes de junio, CEAR presentó en Sevilla, en un acto en el Hogar Virgen de los Reyes inaugurado por el delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento, José Luis García Martín, su Informe Anual 2026. La coordinadora de CEAR en Andalucía Occidental alertó entonces sobre los riesgos del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuestionando en particular la lista común de países considerados seguros, que incluye Estados con déficits documentados en derechos humanos como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez.
Las socias de ASONGD frente al desplazamiento forzado
La propia ASONGD ha reconocido en sus comunicaciones que la mayoría de sus organizaciones socias no trabajan de forma directa con población refugiada en el Estado español, ya que su actividad se concentra en proyectos de cooperación al desarrollo en otros países. Aun así, varias de las 36 socias vinculan su trabajo, dentro o fuera de España, a la protección de personas refugiadas y desplazadas. A partir de la información publicada en sus propias páginas web, esto es lo que hemos encontrado:
Sevilla Acoge centra buena parte de su actividad en la integración sociolaboral de personas migrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad. Su programa de Acogida y Vivienda ofrece primera atención, alojamiento temporal e itinerarios de inserción, y desde 2025 esta actuación se enmarca también en el Sistema de Protección Internacional. En el terreno educativo, la organización desarrolla el proyecto de Educación para el Desarrollo «Entretejiendo identidades: hacia una ciudadanía global e intercultural desde la creación y lo comunitario», financiado por el Ayuntamiento de Sevilla dentro de Sevilla Coopera, con talleres en institutos sevillanos que combinan arte, perspectiva de género y herramientas comunicativas —fanzines, programas de radio— para enseñar interculturalidad y prevenir los discursos de odio entre el alumnado.
La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS) trabaja desde 1992 con la población saharaui que vive desde 1976 en los campamentos de refugiados de Tindouf, en Argelia. Su programa Vacaciones en Paz acoge cada verano en familias de la provincia a menores procedentes de los campamentos. En años anteriores, la asociación ha conmemorado el Día Mundial de las Personas Refugiadas con jornadas de puertas abiertas en su sede sevillana.
CODENAF, fundada en 1996 por personas inmigrantes procedentes de Marruecos, mantiene sede en Sevilla y ofrece, a través de su Servicio de Atención Integral, información, asesoramiento y derivación a personas migrantes en el ámbito social, laboral, sanitario y jurídico, combinándolo con cooperación al desarrollo en el norte de África.
Fundación Entreculturas, vinculada a la Compañía de Jesús, mantiene una alianza estratégica con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS). En 2026 ha presentado junto a Alboan la campaña educativa Escuela Refugio, centrada en la protección de la educación en contextos de guerra y desplazamiento forzado. Desde su delegación en Sevilla impulsa además el programa de voluntariado VOLPA, que envía cada año a personas voluntarias a proyectos del JRS en África y América Latina.
Médicos del Mundo Andalucía, con sede en Sevilla, acompaña a personas refugiadas con atención primaria, salud mental y talleres de alfabetización en salud. Desde 2016 elabora informes médicos para solicitantes de protección internacional, actuación extendida a Sevilla en 2021 y que, según la propia organización, superó los 300 informes en el último año. Su Informe de Barreras al Sistema Nacional de Salud en Andalucía 2026 documentó 5.512 casos de obstáculos de acceso sanitario sufridos por 1.825 personas, entre ellos trabas administrativas específicas a solicitantes de asilo, y reclama reforzar la Oficina de Asilo y Refugio para acabar con los retrasos en el sistema de citas.
La Fundación Tierra de Hombres desarrolló en Sevilla, Córdoba y Málaga el proyecto Refugio Seguro, orientado a fortalecer actitudes interculturales positivas hacia la infancia migrante en centros escolares, apoyado en el proyecto psicosocial FARO.
El papel de ASONGD: visibilizar y sostener
ASONGD no ejecuta proyectos de acogida ni de acción social de manera directa. Su función es coordinar y representar a sus 36 organizaciones socias y dar visibilidad institucional al trabajo que estas desarrollan, dentro y fuera de España. Esa coordinación se apoya en dos marcos de financiación pública: Sevilla Coopera y La Provincia Coopera, núcleo financiero y estratégico de la cooperación descentralizada en la provincia.
