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Tres décadas de conflicto en la R.D. Congo, decenas de acuerdos de paz rotos y millones de personas atrapadas en el mismo ciclo de violencia
La República Democrática del Congo (RDC) atraviesa una de las crisis humanitarias más graves y persistentes del planeta. No es nueva: lleva décadas construyéndose sobre capas de violencia, explotación y abandono internacional. Sin embargo, la escalada registrada desde 2025 ha alcanzado dimensiones que obligan a reactivar la alarma y exigir una respuesta política honesta y eficaz, no cosmética.
Un país que sangra por dentro y por fuera
La RDC tiene una extensión similar a la de Europa occidental y alberga a más de 100 millones de personas. Posee reservas minerales sin explotar valoradas en 24 billones de dólares: cobalto, coltán, cobre, oro, litio. Es, en teoría, uno de los países más ricos del mundo. En la práctica, el 73% de su población vive en condiciones de pobreza según datos del Banco Mundial. Esa contradicción no es un accidente histórico: es el resultado de décadas de saqueo sistemático con complicidad interna e internacional.
El conflicto armado en el este del país —las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri— concentra la mayor parte de la violencia. Más de cien grupos armados operan en la región. El más relevante en la actualidad es la Alianza del Río Congo/Movimiento del 23 de Marzo (AFC/M23), que en enero de 2025 tomó Goma, capital de Kivu del Norte y principal centro de coordinación y distribución de ayuda humanitaria para toda la región oriental del país, con más de dos millones de habitantes. En febrero y marzo, el AFC/M23 sitió las poblaciones de Bukavu y Walikale.
La expansión territorial de la AFC/M23 en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur ha provocado nuevos desplazamientos y, en algunos casos, retornos forzados de familias a zonas de origen todavía inestables. Paralelamente, en Ituri, Maniema y Tanganyika persisten otros focos de violencia: ataques de grupos armados, tensiones identitarias y represalias que han dejado aldeas enteras en ruinas.
Las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF, por sus siglas en inglés) —milicia islamista de origen ugandés implantada en el este del Congo desde los años noventa, vinculada por la ONU al Estado Islámico y responsable de miles de civiles asesinados en la última década— han reanudado sus ataques en el territorio de Mambasa, lejos de sus zonas tradicionales de operación, lo que amplía aún más el perímetro del conflicto.
Los informes de Naciones Unidas documentan reiteradamente que Ruanda proporciona apoyo militar, logístico y operativo al M23, con entre 2.000 y 3.000 soldados ruandeses estimados en territorio congoleño. A pesar de que la comunidad internacional lo constata, con la contundencia que exige el derecho internacional.
Algunas cifras de la catástrofe
Los datos disponibles a abril de 2026 dibujan un escenario de emergencia estructural:
- Más de 7 millones de personas desplazadas internas, lo que sitúa a la RDC ante una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo según ACNUR y OCHA.
- En 2026, casi 15 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria según el Plan de Respuesta Humanitaria 2026 de OCHA. El año anterior esa cifra alcanzó los 27 millones —no porque la crisis haya mejorado, sino porque la infrafinanciación impide planificar para más.
- Casi 25 millones sufren inseguridad alimentaria aguda (IPC Fase 3 o superior). De ellas, 3 millones enfrentan niveles de hambre de emergencia (IPC4), casi el doble que el año anterior.
- 5,6 millones de personas fueron desplazadas internamente solo en 2025, incluyendo cerca de 2,5 millones de niños y niñas.
- Casi una cuarta parte de la población vive en situación de inseguridad alimentaria aguda. En varias provincias, las familias hacen solo una comida al día.
- El sistema sanitario colapsa: clínicas saqueadas, cadenas de suministro médico interrumpidas, más de 8.100 personas seropositivas y 1.680 con tuberculosis sin acceso regular a tratamiento. Las epidemias de cólera y sarampión se propagan con los desplazamientos.
- En Kivu del Norte, los casos de violencia de género pasaron de 20.771 a 27.328 entre 2023 y 2024. El 63% corresponden a violaciones.
- El aparato judicial ha sido destruido casi en su totalidad en las zonas de conflicto: más de 4.400 personas detenidas en paradero desconocido y expedientes quemados, incluyendo 36 casos prioritarios de violencia sexual relacionada con el conflicto.
La infancia: la generación sacrificada
Ningún colectivo refleja mejor la magnitud de la catástrofe que la infancia congoleña. Los datos más recientes, publicados por Save the Children en abril de 2026, son estremecedores: entre marzo de 2025 y febrero de 2026, grupos armados atacaron al menos 587 escuelas, afectando a más de 285.500 niños y niñas. Esa cifra triplica los ataques registrados en los doce meses anteriores, cuando 172 escuelas afectaron a 68.700 menores.
La intensificación del conflicto en Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri ha provocado la destrucción de 330 escuelas. Otras 191 han sido ocupadas por combatientes y 321 permanecen cerradas. En total, más de 122.000 menores han perdido el acceso a la educación. El Cluster de Educación de la RDC, coordinado por UNICEF y Save the Children, estima que 1,18 millones de niños en el este del país no reciben educación desde el recrudecimiento del conflicto.
Los ataques a las escuelas no son episodios aislados: generan traumas profundos, alimentan el miedo al reclutamiento forzoso y crean un riesgo constante por la presencia de restos explosivos de guerra en los edificios. El informe Stop the War on Children 2025: Security for Whom? sitúa a la RDC como el segundo país del mundo en violaciones graves verificadas contra la infancia en 2024, solo por detrás del territorio palestino ocupado.
La base de datos interactiva de Save the Children recoge para la RDC 2.365 casos verificados de reclutamiento forzoso de menores —la cifra más alta del mundo—, 815 niños abducidos y 358 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, en un contexto donde los casos reales son, con toda probabilidad, muy superiores a los documentados.
A la violencia sobre la educación se suma la crisis de hambre infantil. Save the Children alertó en noviembre de 2025 de que el número de niños y niñas con hambre extrema en la RD Congo aumentaría al menos un 20% en 2026: cerca de 14 millones —uno de cada cinco— enfrentarían niveles críticos de hambre o peores en el primer semestre del año, entre ellos 2,1 millones en situación de emergencia alimentaria, caracterizada por desnutrición aguda y riesgo de muerte. Tres cuartas partes de ese grupo viven en las provincias orientales de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Tanganyika, epicentro del conflicto armado.
La conclusión de Greg Ramm, director de Save the Children en la RD Congo es demoledora: la violencia ha dejado a las familias sin acceso a alimentos, atención sanitaria ni servicios esenciales, atrapando a millones en ciclos repetidos de hambre.
La maldición de los recursos: riqueza para unos pocos, muerte para muchos
La RDC concentra aproximadamente el 71% de la producción mundial de cobalto y el 35% de la de coltán. Estos minerales son esenciales para fabricar baterías de vehículos eléctricos, teléfonos móviles y tecnologías de energía «limpia». La transición energética global descansa, en parte, sobre el sufrimiento de las comunidades mineras congoleñas.
Los grupos armados financian su actividad de dos formas complementarias: controlando las minas directamente y forzando a los mineros artesanales —entre 150.000 y 200.000 personas— a trabajar en condiciones de explotación extrema, y exigiendo sobornos e impuestos ilegales en los puntos de control del comercio mineral. Se estima que anualmente desaparecen de la cadena de suministro legal cerca de mil millones de dólares en cobalto.
El sistema funciona gracias a una cadena de intermediarios que mezclan minerales de origen ilegal con material certificado, contaminando así las cadenas de valor de empresas tecnológicas globales. La zona de Rubaya, actualmente bajo control del M23, produce entre el 15% y el 30% del suministro mundial de coltán. En enero de 2026, el Gobierno de Kinshasa envió a Washington una lista de activos mineros estratégicos, incluyendo Rubaya, para atraer inversión estadounidense en el marco de acuerdos sobre minerales críticos. La lógica es reveladora: mientras la población civil muere en esas minas, los gobiernos negocian accesos extractivos.
Este patrón no es nuevo. Las llamadas Primera y Segunda Guerra del Congo, entre 1996 y 2003, se financiaron con la extracción ilegal de minerales. Dejaron cinco millones de muertos. La comunidad internacional las llamó guerras, pero en buena medida fueron operaciones de apropiación de recursos disfrazadas de conflicto político.
Actores internacionales: responsabilidades que no se nombran
El conflicto en el este de la RDC involucra una red de actores cuyas responsabilidades rara vez se articulan con claridad en los foros internacionales.
Ruanda es el actor regional más directamente implicado en el apoyo al M23. Los informes del Grupo de Expertos de la ONU lo documentan de manera sistemática. Ruanda exporta minerales extraídos en territorios bajo control rebelde y obtiene beneficios económicos directos del conflicto. El presidente Paul Kagame argumenta que actúa en respuesta a la presencia de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) —milicia ligada al genocidio de 1994— en territorio congoleño. Ese argumento no justifica, bajo ningún parámetro del derecho internacional humanitario, el respaldo a un grupo armado que comete crímenes de guerra.
Estados Unidos ha protagonizado en 2025 un papel ambivalente. Por un lado, medió en los acuerdos de paz de junio (Washington) y noviembre (Doha). Por otro, impulsó acuerdos de acceso a minerales estratégicos con Kinshasa, interesado en reducir la dependencia de China en las cadenas de suministro críticas. El asesor de Trump para África, Massad Boulos, hombre de negocios con intereses en el continente, jugó un papel central en las negociaciones. La paz se negocia, pero los minerales también. Cuando ambos objetivos colisionan, la historia muestra cuál prevalece.
China domina actualmente gran parte de la explotación minera industrial en la RDC, especialmente en las provincias de Katanga y Kivu. Su presencia ha generado una competencia geopolítica con las potencias occidentales que se traduce en presiones diplomáticas, pero raramente en exigencias reales de respeto a los derechos humanos.
La Unión Europea mantiene relaciones comerciales con empresas que adquieren minerales congoleños y ha emitido declaraciones de preocupación sin consecuencias prácticas significativas sobre el terreno. España, como Estado miembro, no ha adoptado posiciones de incidencia política específicas sobre la RDC más allá de la financiación humanitaria canalizada a través de la AECID. La brecha entre el discurso europeo de defensa de los derechos humanos y la ausencia de medidas coercitivas contra Ruanda —un país con el que varios Estados miembros mantienen cooperación militar y económica— es una de las expresiones más claras de la doble vara de medir que rige la política exterior occidental.
El resultado es un sistema en el que los beneficiarios del saqueo son intocables mientras la población paga el precio. Cuando los acuerdos de paz se suceden sin que la situación sobre el terreno mejore para los civiles, la «estabilidad aparente» se convierte en coartada diplomática para no actuar.
La MONUSCO: entre el mandato y la impotencia
La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO) lleva activa desde julio de 2010, cuando relevó a la anterior misión MONUC, creada en 1999 en el contexto de las consecuencias del genocidio tutsi en Ruanda. Con más de 11.000 efectivos desplegados y 289 cascos azules muertos desde su inicio, su balance es objeto de un debate sin resolver.
En marzo de 2026, la responsable adjunta de la misión para protección y operaciones, Vivian van de Perre, informó al Consejo de Seguridad de que la situación en la RDC seguía siendo «extremadamente tensa». La violencia se extendía hacia la frontera con Burundi, generando temor ante un conflicto regional más amplio. La misión confirmó el creciente uso de drones ofensivos en los enfrentamientos entre el gobierno y el AFC/M23, así como la interferencia y falsificación de señales GPS, una escalada tecnológica que complica aún más la protección de civiles. Van de Perre solicitó al Consejo que ejerciera su influencia para lograr la reapertura urgente de los aeropuertos de Goma y Kavumu, cerrados desde el avance del M23 y vitales para el suministro humanitario.
La MONUSCO opera en Ituri apoyando el cese del fuego y protegiendo a civiles en Kivu del Norte, mientras en Kivu del Sur se centra exclusivamente en funciones relacionadas con el cese de hostilidades. Sin embargo, las restricciones de acceso impuestas por el M23 impiden una supervisión completa en los territorios bajo su control. La misión protege físicamente a unas 100.000 personas en campamentos cercanos a sus bases. Para los otros millones, el escudo es inexistente.
La paradoja estructural es conocida: Ruanda contribuye con tropas a operaciones de paz de la ONU en otros contextos y, al mismo tiempo, es el principal patrocinador del grupo armado que más daño inflige a la población civil en el este de la RDC. Esa posición, tolerada por las grandes potencias, socava el mandato de la misión desde su raíz.
Acuerdos de paz: promesas incumplidas como norma
En junio de 2025, Ruanda y la RDC firmaron un acuerdo de paz en Washington, con Trump como testigo. En noviembre, un nuevo marco en Qatar. El 4 de diciembre, los presidentes Tshisekedi y Kagame suscribieron otro pacto en presencia de Trump. Al día siguiente, el M23 lanzó una ofensiva masiva sobre Uvira, desplazando a 200.000 personas. Desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el acuerdo.
A 26 de marzo de 2026, los esfuerzos diplomáticos continuaban. Una misión exploratoria conjunta a Uvira constató que las garantías de seguridad y libertad de movimiento seguían siendo insuficientes para desplegar efectivos. Los procesos de Doha y las iniciativas de la Unión Africana han contribuido a construir un marco de alto el fuego, pero su implementación efectiva sigue pendiente. El 17 y 18 de marzo, representantes de la RDC y Ruanda se reunieron de nuevo en Washington y acordaron pasos concretos, aunque sin resultados verificables en el terreno inmediato.
Médicos Sin Fronteras lo describió ante el Consejo de Seguridad en diciembre de 2025 con precisión: los esfuerzos de paz estaban sirviendo para consolidar los intereses extractivos de actores poderosos, no para brindar alivio al pueblo congoleño. Amnistía Internacional señaló que el acuerdo de junio no incluía ninguna disposición orientada a la rendición de cuentas por los crímenes cometidos. En los últimos 25 años, la población del este del Congo ha visto cómo sus esperanzas de justicia crecían y se esfumaban con cada nuevo tratado. La impunidad no es un efecto colateral del conflicto: es uno de sus motores.
El derecho internacional humanitario: vulnerado por todas las partes
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, ha documentado violaciones sistemáticas por parte de múltiples actores: el AFC/M23, las FARDC, las milicias Wazalendo aliadas al Gobierno y otros grupos armados. La lista incluye ejecuciones sumarias, violencia sexual, reclutamiento forzoso, trabajo esclavo, ocupación de escuelas y hospitales, bloqueo de asistencia humanitaria y ataques deliberados a campamentos de desplazados.
El Informe Anual 2025 de Amnistía Internacional sobre la RDC documenta con precisión la naturaleza de esas violaciones. Entre el 28 de enero y el 9 de abril de 2025, la ONU registró al menos 70 incidentes de homicidios selectivos cometidos por el M23 en Goma, con más de 200 muertes. Entre julio y agosto, las Fuerzas Democráticas Aliadas mataron a más de 250 civiles en distintos ataques en Ituri y Lubero. Entre el 9 y el 21 de julio, combatientes del M23 respaldados por fuerzas ruandesas mataron al menos a 319 civiles —mujeres y menores incluidos— en el territorio de Rutshuru. El M23 también lanzó seis ataques contra hospitales de Goma entre febrero y mayo, secuestrando pacientes y disparando en el interior de los edificios.
La violencia sexual alcanzó en 2025 dimensiones sin precedentes documentados. Según datos de la ONU recogidos por Amnistía Internacional, entre enero y septiembre se cometieron más de 81.000 violaciones en el este del país, un incremento del 31,5% respecto al mismo periodo de 2024. Los autores fueron principalmente combatientes del M23, de las milicias Wazalendo y de las propias fuerzas de seguridad gubernamentales. Cientos de personas consideradas opositoras al M23 fueron víctimas de desaparición forzada. Los combatientes del grupo detuvieron, torturaron y amenazaron a periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil a causa de su trabajo.
Los ataques a las escuelas constituyen una violación directa del derecho internacional humanitario. Bajo las normas consuetudinarias del DIH y las Directrices de las Naciones Unidas sobre Protección de los Civiles, los centros educativos son bienes civiles protegidos. Su destrucción, ocupación o uso como bases militares es un crimen de guerra. Que esos ataques se hayan triplicado en un año, afectando a más de 285.000 niños, sin que ello genere consecuencias jurídicas internacionales efectivas, describe mejor que cualquier argumento el estado real del sistema de protección global.
La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto que permanecen sin ejecutar. El sistema de justicia internacional no ha procesado a ningún actor relevante del conflicto en la RDC con consecuencias efectivas en los últimos años. La impunidad se sostiene porque los Estados con capacidad de hacerla cesar tienen otros intereses que preservar.
Lo que se necesita: exigencias desde el derecho y la cooperación
El Plan de Respuesta Humanitaria 2026 de OCHA (HRP 2026) organiza la respuesta a la crisis en tres ejes complementarios: respuesta inmediata de emergencia, protección y rendición de cuentas, y abordaje de las causas estructurales. El informe Stop the War on Children 2025 de Save the Children articula un marco similar en sus recomendaciones a los Estados: proteger en el presente, garantizar justicia en el medio plazo e invertir en paz estructural. Tomando ambos marcos como base, la respuesta a la crisis en la RDC exige actuación simultánea en tres horizontes.
En el corto plazo, siguiendo las prioridades de respuesta inmediata del HRP 2026: financiación humanitaria real y proporcional a la magnitud de la crisis; reapertura urgente de los aeropuertos de Goma y Kavumu, cerrados desde el avance del M23 y vitales para el suministro de ayuda; acceso irrestricto de organizaciones humanitarias a todas las zonas de conflicto; protección efectiva de la población civil, especialmente mujeres, niñas, niños y familias desplazadas; y cese inmediato de los ataques a escuelas, hospitales y otros bienes civiles protegidos bajo el derecho internacional humanitario.
En el medio plazo, atendiendo al eje de protección y rendición de cuentas del HRP 2026 y a las recomendaciones de Save the Children sobre accountability: mecanismos vinculantes de rendición de cuentas para los autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad; aplicación efectiva de sanciones a actores que violen los acuerdos de paz; regulación real y trazabilidad de las cadenas de suministro de minerales en mercados europeos y estadounidenses; e inclusión de garantías de justicia en cualquier acuerdo de paz futuro, condición que Amnistía Internacional ha señalado como ausente en todos los acuerdos firmados hasta la fecha.
En el largo plazo, abordando las causas estructurales identificadas por OCHA y el marco de soberanía sobre recursos del Instituto Tricontinental: soberanía congoleña efectiva sobre sus recursos naturales; fortalecimiento de instituciones democráticas; reformas estructurales que permitan que la riqueza mineral revierta en la población; y procesos de justicia transicional inclusivos que rompan el ciclo de impunidad que alimenta el conflicto desde hace tres décadas.Todas estas exigencias están contempladas en el derecho internacional, pero falta es la voluntad política de aplicarlo.
La financiación humanitaria: insuficiente y políticamente selectiva
El Plan de Respuesta Humanitaria de la RDC para 2025 requería financiación para asistir a 27 millones de personas. Solo recibió el 22% de los fondos solicitados —un déficit calificado de «devastador» por el responsable de operaciones de paz de la ONU—. El Programa Mundial de Alimentos advirtió de una posible «ruptura total» de la cadena de asistencia alimentaria en las provincias orientales para marzo de 2026. La agencia redujo el número de personas asistidas de un millón a 600.000, mientras la demanda no dejaba de crecer.
ACNUR, que necesitaba 226 millones de dólares para 2025, solo había recibido el 10% a finales de enero de ese año. Para el plan de 2024, que requería 311 millones, se obtuvo el 44%. La brecha entre necesidades reales y recursos disponibles es estructural y se reproduce año tras año.
Esta infra financiación no es técnica: es política. Los mismos Estados que incumplen sus compromisos humanitarios negocian accesos mineros en el mismo territorio y venden armas a actores de la región. La coherencia entre política exterior y política humanitaria es, en el caso del Congo, una ficción mantenida con declaraciones.
Socias de ASONGD presentes en la República Democrática del Congo
La solidaridad con el pueblo congoleño no es abstracta para la Asociación Sevillana de ONGD. Tres de sus organizaciones socias trabajan de forma activa sobre el terreno, con proyectos contrastados y financiación pública y privada.
Farmamundi mantiene presencia continuada en Kivu del Norte con sede estable en el país. Su trabajo se centra en atención sanitaria de emergencia, salud sexual y reproductiva, agua y saneamiento, y atención integral a supervivientes de violencia sexual, en alianza con la organización congoleña FEPSI. Ha atendido a más de 25.000 mujeres y niñas supervivientes de violencia sexual en la RDC, con proyectos financiados por la AECID, la Agencia Vasca de Cooperación, la Generalitat Valenciana, la Xunta de Galicia y varios ayuntamientos. Actualmente tiene cinco acciones activas en el este del país y tres convenios de emergencia en Goma.
Fundación Entreculturas trabaja en la RD Congo en educación en contextos de emergencia y equidad de género, en colaboración con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS). Sus proyectos en Goma y Masisi atienden a población desplazada —especialmente jóvenes en riesgo y mujeres víctimas de violencia sexual— con apoyo psicosocial, acceso a educación secundaria y programas de alfabetización y capacitación. Su iniciativa más reciente en el país es el proyecto Mujeres en Marcha, que ha alcanzado a más de 35.000 personas y pone el foco en el empoderamiento de mujeres en zonas afectadas por el conflicto armado.
Bosco Global apoya los proyectos salesianos en la RDC, orientados a la educación, la formación profesional y la soberanía alimentaria de jóvenes en zonas de conflicto. Desde 2024 impulsa un proyecto de agricultura ecológica financiado por la Diputación Provincial de Huelva, que trabaja la reducción de la inseguridad alimentaria y la autonomía económica de familias en el país.
Fuentes
Organismos internacionales y Naciones Unidas
- OCHA — Besoins Humanitaires et Plan de Réponse République démocratique du Congo 2026 (en francés)
- OCHA — Global Humanitarian Overview 2026, West and Central África. Democratic Republic of the Congo (en inglés)
- ONU — Spotlight on the DRC: Background
- UN News — DR Congo: violence intensifies as UN mission pledges continued support (marzo 2026)
- UN News — La crisis de hambre en RDC empeora (noviembre 2025)
- UN News — La crisis puede agudizarse y fragmentar al país (diciembre 2025)
- PNUD — Crisis en la República Democrática del Congo
- ACNUR — Emergencia en la República Democrática del Congo
- OHCHR — RDC: empeoramiento de la crisis de derechos humanos (enero 2025)
ONGD y de derechos humanos
- Amnistía Internacional — Informe Anual 2025: Los derechos humanos en la República Democrática del Congo
- Amnistía Internacional — Los acuerdos de paz no terminan con los abusos en la RDC (diciembre 2025)
- Save the Children — Stop the War on Children 2025: Security for Whom? (informe global)
- Save the Children — Base de datos interactiva Stop the War on Children: RDC
- Save the Children — El número de niños y niñas que sufren hambre grave aumentará un 20% (noviembre 2025)
- Amnistía Internacional — El acuerdo de paz con Ruanda no aborda graves crímenes (junio 2025)
- Médicos Sin Fronteras — Alertamos en la ONU de que los acuerdos de paz no se traducen en resultados (diciembre 2025)
- Al Jazeera — Mapping the human toll of the conflict in DR Congo (marzo 2025)
- Farmamundi — RD Congo | Respondemos a las situaciones críticas de salud pública en Beni
- Entreculturas — Más de 35.000 personas atendidas en RD Congo gracias al proyecto “Mujeres en marcha”
- Bosco Global — Esperanza en el corazón de África: la educación como alternativa de paz en el Congo
- Manos Unidas — Cobalto, coltán y guerra: la realidad de la RDC (abril 2025)
- Pledge4Peace — DRC Crisis 2026: Why Conflict Persists After the Rwanda Peace Deal
Recursos minerales y economía política
- Instituto Tricontinental — El pueblo congoleño lucha por su propia riqueza
- Amnistía Internacional — Minería industrial de cobalto y cobre: graves abusos contra los derechos humanos
- Minería en Línea — El saqueo del cobalto y coltán en la RDC (febrero 2025)
- LISA News — Minerales estratégicos y conflicto armado en el este de la RDC (agosto 2025)
Análisis en prensa
- Política Exterior — El difícil camino hacia la paz en la cuenca del Congo (noviembre 2025)
- El Salto Diario — Estabilidad aparente, sufrimiento real: la población civil sigue atrapada en el conflicto del este del Congo
- La República EC — El conflicto armado en la RDC afecta a casi 300.000 niños (abril 2026)
- ABC Color — Ruanda y la RDC reafirman su compromiso con el proceso de paz (abril 2026)
