2025: Actuar ahora por un mundo pacífico
Cada 21 de septiembre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Paz, instaurado por la Asamblea General de la ONU en 1981 y declarado desde 2001 como una jornada de no violencia y alto el fuego. Este año, la celebración coincide además con el 80º aniversario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un hito que subraya tanto la importancia histórica del multilateralismo como la urgencia de renovarlo frente a los desafíos actuales.
Esta fecha representa un compromiso universal con la construcción de sociedades más justas y seguras, pero en 2025 llega en un contexto de enorme turbulencia. En anteriores aniversarios, la ONU ha hecho llamados a un alto el fuego mundial para detener las hostilidades y permitir la ayuda humanitaria en las zonas de conflicto, recordando que la paz es un requisito indispensable para hacer frente a desafíos globales como la pobreza o la pandemia. La realidad internacional muestra un planeta atravesado por conflictos bélicos activos en al menos 56 escenarios, desde guerras de gran escala como en Ucrania y Gaza, hasta crisis prolongadas y casi invisibles en países como Yemen, Siria o la República Democrática del Congo. Los datos son alarmantes: más de 122 millones de personas desplazadas por la violencia y más de 305 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria urgente, según Naciones Unidas.
Mientras tanto, los gobiernos del mundo fallan en proteger a las poblaciones civiles y permiten la impunidad ante graves violaciones de derechos humanos. El derecho internacional, así como sistema multilateral, con la ONU al frente, atraviesa una de sus mayores crisis de legitimidad, paralizado en el Consejo de Seguridad por vetos políticos que bloquean acciones decisivas. Sin embargo, sigue siendo el marco más importante que tenemos para defender la paz, la justicia y la dignidad humana.
En este Día Internacional de la Paz, la voz de la sociedad civil y de las organizaciones sociales se vuelve más necesaria que nunca: recordar que la paz no es un ideal abstracto, sino un derecho humano irrenunciable que exige acción inmediata y colectiva.
Gaza, Ucrania, Sudán y más allá: la paz en entredicho
La agresión de Israel sobre Gaza se ha convertido en uno de los episodios más devastadores de la historia reciente: un ejército altamente armado atacando a una población civil desprotegida. Los informes de la ONU, de organizaciones humanitarias y de derechos humanos documentan decenas de miles de víctimas reconocidas, la mayoría mujeres, niñas y niños, además de la destrucción sistemática de infraestructuras básicas como hospitales, escuelas y redes de agua.
Las Naciones Unidas, a través de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados establecida por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han reconocido estos hechos como un genocidio, instando a detener inmediatamente la ofensiva. Paralelamente, más de 140 países ya han dado un paso diplomático clave al reconocer oficialmente al Estado de Palestina, en un intento de ofrecer legitimidad política frente a la ocupación y reafirmar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Pese a ello, la comunidad internacional sigue sin imponer un alto el fuego efectivo, lo que prolonga una tragedia que cuestiona la vigencia del propio sistema de protección internacional.
La invasión rusa de Ucrania ha dejado decenas de miles de víctimas civiles reconocidas por Naciones Unidas y millones de personas desplazadas, principalmente hacia países de la Unión Europea. Más allá del drama humano, el conflicto ha reconfigurado de manera profunda el tablero internacional. Estados Unidos y Europa se han convertido en el principal sostén militar y financiero del gobierno ucraniano, lo que, desde una perspectiva crítica, refleja más la estrategia de contención frente a Rusia que ha intensificado la lógica de bloques y la carrera armamentística que un compromiso con la defensa de la soberanía ucraniana.
La guerra ha fortalecido la cohesión de la OTAN y precipitado el ingreso de Suecia y Finlandia, mientras que Rusia, aislada de Occidente, ha reforzado sus alianzas con China, Irán y Corea del Norte, en un intento de construir un contrapeso geopolítico al eje euroatlántico. Al mismo tiempo, Moscú mantiene amenazas explícitas hacia países cercanos como Polonia, Moldavia o los Estados bálticos, elevando el riesgo de una escalada regional. Ucrania se ha convertido así en el epicentro de una nueva confrontación global, que debilita los espacios multilaterales y desplaza las prioridades comunes de la agenda internacional, como la lucha contra la pobreza o la emergencia climática.
En Yemen, tras más de una década de guerra civil entre los rebeldes hutíes —respaldados por Irán— y la coalición liderada por Arabia Saudí, la situación sigue siendo una de las peores crisis humanitarias del mundo. A pesar de la tregua mediada por la ONU en 2022, la violencia no ha cesado del todo y el país continúa sumido en la miseria, con millones de personas al borde de la hambruna. Desde finales de 2023, el conflicto se ha internacionalizado aún más: los hutíes, en solidaridad con Palestina, han atacado barcos vinculados a Israel o a sus aliados en el mar Rojo, provocando una respuesta militar de Estados Unidos y Reino Unido, y recientemente también bombardeos de Israel sobre posiciones en Yemen. Este vínculo entre la guerra en Gaza y el conflicto yemení evidencia cómo la violencia en Oriente Medio se entrelaza, extendiendo la inestabilidad a toda la región. En este contexto, Yemen no solo sufre una catástrofe humanitaria prolongada, sino que se ha convertido también en un escenario de disputa geopolítica global, en el que la población civil es nuevamente la gran víctima.
En Siria, más de una década de guerra ha dejado un país devastado, con más de 13 millones de personas desplazadas y cientos de miles de víctimas civiles. Aunque el régimen de Bashar al-Ásad controla la mayor parte del territorio con apoyo ruso e iraní, persisten focos de resistencia en Idlib y en las zonas kurdas del noreste. La inestabilidad sigue marcada por ataques aéreos israelíes contra posiciones iraníes, la actividad de células del Estado Islámico y una crisis económica y humanitaria sin precedentes, donde más del 80% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.
En la República Democrática del Congo, especialmente en su zona oriental, la población sufre desde hace décadas una violencia crónica casi invisible para la opinión pública internacional. Más de 6 millones de personas han muerto a consecuencia del conflicto permanente, que data de 1998, Decenas de grupos armados, entre ellos el M23 —apoyado por Ruanda— y las ADF, afiliadas al Estado Islámico, siembran el terror con masacres, desplazamientos forzados y violencia sexual sistemática contra mujeres y niñas. Solo en los últimos años, más de 7 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, configurando uno de los mayores desplazamientos internos del mundo.
La retirada progresiva de la misión de paz de la ONU (MONUSCO) deja a la población aún más desprotegida, en un contexto donde el Estado congolés carece de control efectivo sobre gran parte del territorio y la explotación ilegal de recursos muy valiosos, como el coltán y otros minerales estratégicos, alimenta tanto al conflicto como a cadenas de suministro globales. Se trata de un conflicto olvidado, en el que la falta de cobertura mediática y la pasividad de la comunidad internacional perpetúan una de las crisis humanitarias más graves y menos atendidas de nuestro tiempo.
En Myanmar, la represión militar tras el golpe de Estado de 2021 se ha transformado en una guerra civil en expansión, con miles de civiles asesinados y millones de desplazados ignorados por gran parte de los gobiernos de la región. La resistencia popular, articulada en las Fuerzas de Defensa del Pueblo y en alianzas con guerrillas étnicas históricas, ha puesto en jaque a la junta en varias regiones. Sin embargo, el aislamiento internacional, el apoyo de Rusia y China al régimen militar y la inacción de la ASEAN perpetúan un conflicto que amenaza con enquistarse durante años, con la población civil atrapada en un círculo de violencia y pobreza extrema.
Estos casos reflejan una dura realidad: existen conflictos olvidados, invisibles para los medios de comunicación globales y relegados en la agenda internacional. Mientras Gaza y Ucrania concentran titulares y recursos, otras poblaciones —como las de Somalia, Etiopía, Haití o Burkina Faso— sufren en silencio la violencia cotidiana, con escasa protección y sin compromisos políticos reales para lograr la paz.
En todos estos escenarios, los gobiernos han fallado en su deber de proteger a las personas inocentes y de hacer cumplir el Derecho Internacional Humanitario. La indiferencia internacional perpetúa el sufrimiento y pone en riesgo la credibilidad de un sistema multilateral que debería garantizar justicia y dignidad para todas las víctimas de la guerra.
Defender los derechos humanos y la Carta de la ONU
En este contexto de guerras abiertas y crisis humanitarias, las ONGD y la sociedad civil seguimos defendiendo la plena vigencia de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos como pilares irrenunciables para la paz mundial. Estos instrumentos no son declaraciones retóricas, sino compromisos jurídicos y políticos asumidos por los Estados para garantizar la vida, la dignidad y la seguridad de todas las personas.
Sin embargo, los hechos muestran una brecha cada vez mayor entre los principios y la práctica. El Consejo de Seguridad, bloqueado por el uso del veto, ha sido incapaz de frenar matanzas de civiles en Gaza o agresiones como la de Ucrania. Gobiernos que se proclaman defensores de la democracia han priorizado sus alianzas estratégicas, su seguridad energética o sus negocios armamentísticos antes que la protección de los derechos fundamentales. Esta incoherencia erosiona la credibilidad internacional y alimenta el cinismo de quienes justifican la violencia.
Frente a ello, es urgente reafirmar el valor del multilateralismo y exigir reformas profundas que refuercen la legitimidad del sistema de Naciones Unidas, limiten la impunidad de los Estados agresores y pongan en el centro la protección de todas las personas. Defender los derechos humanos hoy significa también defender un derecho internacional justo, y defender a la ONU de los intentos de vaciarla de sentido, reivindicando su papel de garante de la paz y exigir a los Estados que cumplan sus obligaciones sin excepciones.
La paz no puede construirse sobre la vulneración sistemática de la dignidad humana. Solo desde el respeto efectivo a los derechos y libertades fundamentales podremos avanzar hacia un orden internacional justo y sostenible. Sin embargo, vivimos también una crisis de los valores democráticos, donde ideologías autoritarias e intolerantes erosionan los valores básicos de la convivencia. En distintas regiones, gobiernos y movimientos políticos alimentan el miedo y el odio para debilitar los derechos de las personas migrantes, restringir la libertad de las mujeres y negar la igualdad a las comunidades LGTBIQ+.
Este retroceso en derechos no ocurre al margen de los conflictos armados, sino que se entrelaza con ellos: los discursos de odio justifican la violencia, normalizan la discriminación y convierten a grupos enteros en objetivos de persecución. Frente a esta deriva, resulta imprescindible reivindicar una democracia inclusiva y garantista, capaz de defender a las minorías, proteger a quienes buscan refugio y asegurar la igualdad sin condiciones. Sin justicia social y sin respeto a la diversidad, la paz seguirá siendo una promesa incumplida.
Un llamado desde Sevilla al mundo
En este Día Internacional de la Paz 2025, la ASONGD se suma al llamado de la ONU: es hora de actuar. Como red de organizaciones comprometidas con la justicia global, reivindicamos la centralidad de la cooperación internacional, la defensa de los derechos humanos y la necesidad urgente de fortalecer el sistema multilateral frente a la violencia y la guerra.
Pero no basta con palabras. Es el momento de exigir a los gobiernos que prioricen la vida y la dignidad de las personas por encima de intereses geopolíticos o económicos. La paz no es una opción, es un derecho humano fundamental que debe ser protegido y promovido con hechos concretos. En este Día Internacional de la Paz 2025, desde la ASONGD reclamamos un compromiso firme para poner fin a la impunidad, garantizar la protección de las poblaciones civiles y apostar por la cooperación como herramienta de transformación. La historia demuestra que cuando la comunidad internacional calla, las víctimas quedan solas frente a la violencia.
Por ello, este 21 de septiembre hacemos un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a las instituciones a movilizarse activamente por la paz y los derechos humanos, denunciando las violaciones, apoyando a quienes construyen alternativas y defendiendo espacios de diálogo y convivencia. Solo con una acción colectiva y sostenida podremos convertir el derecho a la paz en una realidad tangible para todas las personas, hoy y en el futuro.
